Antonio Alberca, 39 años, defensor del marroquí Rafa Zouhier, ha llegado en la posición número 37. Más bien de los últimos. Al menos, el funcionario del colegio de abogados que recibe a los letrados en un pequeño cuarto -les recoge los abrigos y les facilita una toga prestada- le ha asignado la prenda que lleva ese número. Hasta que acabe el litigio será el abogado número 37.

Ya uniformado de negro, ha entrado en la sala y se ha sentado en la última fila, a la derecha del tribunal, frente a la pecera blindada donde se concentran los acusados. A un lado tiene a José Luis Abascal, abogado de Jamal Zougam y Basel Ghalyoun; al otro, a Andreas Chararis, defensor de Rachid Aglif.

Aunque lo tape la toga, Antonio está de estreno. Su mujer, antes de hacer las maletas, coger a la niña y poner tierra de por medio camino de su México natal («ahí te quedas con el juicio»), le ha comprado un par de trajes para que luzca presentable ante el tribunal. El que lleva hoy es de color gris Príncipe de Gales.

-Es que a la puerta están los medios y si salgo siempre con el mismo traje va a cundir el tópico del abogado de oficio pobretón, -decía la tarde antes en su despacho.

-Pues yo paso, me arreglo con los que tengo, porque un buen traje cuesta una pasta..., -le salía al paso Mónica Peña, abogada de Carmen Toro, también del turno de oficio.

Los dos y Beatriz Bernal, a la que le ha tocado en suerte la defensa del marroquí Otman El Gnaoui, se quejaban también de que nadie hubiera pensado en instalar un microondas en el recinto. Durante los cuatro meses que al menos durará el juicio -de lunes a miércoles- tendrán que pagarse las comidas en algún restaurante de la zona. «Parece una tontería, pero pongamos que el menú más barato es de siete euros [ha resultado ser de 11], siete por tres días a la semana ya son 21 euros que por la cara tengo que gastar de mi bolsillo», hacía cuentas Antonio.

La justicia española se enfrenta a uno de los mayores retos de su historia, un proceso llamado a depurar responsabilidades del que, hasta la fecha, ha sido el atentado islamista con más muertos en Europa: 192. Dada la entidad del desafío, cabría pensar que a la sala concurrirían las estrellas de la abogacía española, los letrados con más renombre y minuta. Pero resulta que no. Salvo tres contadas excepciones, la veintena de abogados a los que les ha tocado bailar con la más fea, es decir, defender a los 29 señalados como responsables o participantes en el 11-M, pertenecen a despachos medios cuando no modestos. Han pasado de llevar casos de violencia de género, estafas de tarjetas de crédito o robos con fuerza, a ser parte en un juicio histórico, mediático como ningún otro, donde ampararán los derechos de los presuntos malos.

PILARES DE LA JUSTICIA

Y están en esta tesitura porque sus nombres figuran en la lista de abogados que voluntariamente se prestan a asistir a quienes no pueden pagarse un defensor particular. Podría decirse que son los pilares de la justicia gratuita: abogados de oficio. «Es un trabajo altruista y absolutamente vocacional», dice Eduardo García Peña, quien defiende a Brahim Moussaten y ha hecho de portavoz de los togados de oficio. «Es un servicio público, uno está apuntado al turno de oficio como podría estar apuntado a una ONG».

Y tanto. Lo de la ONG hay que leerlo con literalidad. De otro modo no se entiende que lleven más de tres años trabajándose el litigio por una contraprestación ridícula.

Según el baremo por el que se rige el gremio, un abogado de oficio cobra 315 euros por proceso más 19 euros por cada 1.000 folios de sumario. Hecho el cálculo, el montante total ascendía a 2.215 euros o así. No al mes, sino por los tres años de trabajo y los que vengan. «Yo soy muy buena persona, me gusta colaborar y estoy muy contento de estar en el turno de oficio, pero es que mi familia tiene la mala costumbre de comer a diario y algunos días incluso me pide cena», ironizaba Antonio Alberca acerca de la precaria cobertura económica.

De ese ingreso testimonial debía de salir la gasolina para desplazarse a las entrevistas con sus clientes en una prisión cercana a Madrid, si había suerte. O en Alicante, Lugo, Sevilla, Salamanca o Valencia si el defendido había sido encarcelado lejos de la capital. Era el pago también por las horas invertidas en formalizar recursos y sumergirse en un sumario descomunal formado por 93.226 folios. La materia les fue entregada en junio pasado, distribuida en 241 tomos y almacenada en ocho DVD. Mónica Peña y Antonio Alberca, por ejemplo, tuvieron que comprarse un portátil nuevo, bien porque el suyo no tenía lector de DVD o bien porque el disco duro no daba para guardar tanta letra.

El tocho con el que se toparon no era cualquier cosa: puestos en fila de a uno, los más de 90.000 folios darían para cubrir 27,9 kilómetros de distancia y sólo para leerlos se precisarían 1.836 horas de reloj. Sobra decir que ninguno ha llegado a la palabra fin. «A veces me he acostado a las siete de la mañana leyéndolos. Te metías en un tomo y te comenzaba a picar la curiosidad, a ver qué viene ahora... Era un vicio», dice Antonio Alberca quien aventura que ha debido posar sus pupilas por la mitad del sumario y reconoce que ha contado con la ayuda de su defendido, Rafa Zouhier, al que le ha sobrado tiempo en prisión para leer el auto y señalarle las partes más interesantes a su abogado.

Con los ocho DVD recién salidos de fábrica, desbordados, los abogados defensores de oficio hicieron piña y se plantaron el verano pasado. Querían más medios y más dinero y llegaron a pedir que el juicio se aplazara. El pulso con el Ministerio de Justicia lo perdieron, aunque éste les aumentara la minuta hasta los 20.000 euros. «Una cantidad insuficiente», a decir de Eduardo García Peña quien confiesa que si el caso, en lugar de llegar a sus manos por el turno de oficio, lo hubiera hecho por la vía particular no lo habría aceptado por menos de 120.000 euros.

«Cuando veo que Carmen Martínez Bordiú por mover su cuerpo serrano en televisión cobra 24.000 euros por programa me dan ganas de dejar de ser abogado. Y que a la gente eso le parezca normal y no se preocupen de que a los abogados de oficio ni siquiera nos estén pagando... Me parece escandaloso», denuncia Antonio Alberca, quien, a día de hoy, ha recibido unos 3.000 euros como adelanto por su labor de defensor en el 11-M.

Aparte, hace unos meses, el letrado número 37 se dirigió al colegio de Abogados de Madrid para preguntar cuánto le correspondía por las 18 comparecencias que había tenido con su cliente. «Son 36 euros», le dijeron. «Es que las pagamos de diez en diez. Si hubieras llegado a 20 habrías cobrado el doble».

A diferencia de lo que sucede en otros países, como EEUU, donde el abogado de oficio es un profesional que se dedica exclusivamente a ello, en España es una labor voluntaria que se compagina con el trabajo por cuenta propia, que, en definitiva, es lo que les da de comer. Si aparecen en este reportaje, cuentan, es para reivindicar que se dignifique su profesión. («A ver si por una vez mi madre escucha que hablan bien de nosotros»). Para estar en el turno especial de la Audiencia Nacional, donde se lleva el 11-M, han tenido que atestiguar cinco años en el ejercicio de la abogacía y superar cursos muy exigentes. Como prueba de su valía, exhiben el hecho de que ninguno de sus clientes del 11-M ha prescindido de sus servicios por mucho que algún abogado de relumbrón los haya tentado ofreciéndoles la defensa gratis por la publicidad que conlleva el caso.

A los de oficio preparar el litigio sin desatender a sus clientes particulares les ha costado horas de sueño y broncas familiares. «Yo hace muchísimos meses que no sé lo que es un sábado ni un domingo», dice Miguel García Pajuelo, abogado de Mohamed Moussaten e Iván Granados Peña. Desde marzo de 2004 sus jornadas laborales no bajan nunca de las 15 horas diarias. Algunos llevan tres agostos sin vacaciones y siempre que han tratado de tomarse unos días de respiro una inoportuna llamada del juzgado les ha desgraciado el plan. Como la Semana Santa del año pasado. «El miércoles santo me iba de vacaciones», cuenta Beatriz Bernal, «cuando nos llegaron con el auto de procesamiento. "Esto va a ser así siempre, no vamos a poder descansar. Déjalo o dedícale menos tiempo", me planteaba mi marido. Pero yo no podía dejarlo». En las Navidades pasadas, más de lo mismo. Con todo, la vida se les complica especialmente ahora. Teniendo que asistir al juicio tres días a la semana, ¿cuándo van a encargarse de los clientes que sí les pagan?

Quizás indicativo de lo absorbente de su profesión, quizás no, es el hecho de que entre los cinco sólo sumen dos hijos. El pequeño de ellos, Pablo, el bebé de Mónica Peña, eligió mala fecha para venir al mundo. El parto programado estaba previsto para el 8 de junio pasado, justo cuando a la mamá la urgieron para que formalizara el recurso de Carmen Toro. Mónica Peña justificó sus especiales circunstancias y pidió un aplazamiento. «Y me dijeron que me buscara la vida, con lo cual te puedes imaginar el escrito que presenté en nombre de Carmen Toro, una porquería».

VECINA DE ALCALA

A todas estas piedras en el camino, se ha unido el handicap de defender a los presuntos responsables de una masacre que hirió profundamente a la sociedad española. Algunos se lo callaron. Sobre todo Beatriz Bernal, que entonces tenía su despacho en Alcalá de Henares, localidad que perdió a 27 vecinos en el atentado.

«No me atreví a decírselo a nadie porque iba en contra del sentimiento de dolor que existía en el pueblo. Finalmente, se lo conté a un vecino cuya hija había resultado afectada. "¿Pero no lo defenderás?", me dijo angustiado. Le expliqué que era mi trabajo, que me había venido por el turno de oficio y él lo entendió». Ella misma, la mañana del 11 de marzo de 2004, pensaba coger el tren en Atocha camino de Alcalá bien temprano. Cambió de planes a última hora.

Antonio Alberca, en principio, no se lo dijo ni a su propia esposa, también abogada. «Se lo oculté por si temía por mí, para que no sufriera. De hecho, cuando acabé confesándoselo me aconsejó que fuera muy discreto: "A ver si nos va a pasar algo"». Unos días después, en su casa entraron a robar y la duda de si aquello no tendría algo que ver con el 11-M sobrevoló la estancia. El disgusto hizo que a la esposa se le adelantara el parto. En cierto modo, un alivio para Antonio porque el nacimiento estaba fechado para el 11 de marzo de 2005. «Voy a estar tan marcado que hasta el cumpleaños va a coincidir con el 11-M», pensaba.

La misma fecha, el día del primer aniversario, Miguel García Pajuelo encendía velas de duelo en la plaza del pueblo madrileño donde vive cuando sonó el móvil. Era Alá, el padre de su defendido. «Y lo atendí perfectamente. No se puede mezclar una cosa con la otra», dice.

Lo que a ninguno les quitará nadie es haber escrito parte de uno de los episodios más importantes de la historia judicial española. Antonio, a su hija se lo contará así: «Hija, yo estuve de abogado de oficio en el 11-M. Dedícate a otra cosa».

Es el juicio del mayor atentado islamista acontecido en suelo europeo. Está previsto que finalice en julio. Estos son los datos más significativos del macro proceso.

ACUSADOS. Son 29. Los 19 que están en prisión siguen el juicio desde una pecera blindada. Los 10 restantes desde la sala. Se enfrentan a una petición de 270.600 años de cárcel.

ABOGADOS. Suman 49 entre abogados defensores (26) y los 23 representantes de las acusaciones particulares y populares (AVT, Asociación 11-M y Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M).

VICTIMAS: La sala habilitada para ellas cuenta con 150 plazas. Les acompañan psicólogos y personal sanitario. El atentado dejó un balance de 192 muertos y 1.824 heridos.

PRUEBAS: Se han realizado 60 careos, 30 ruedas de reconocimiento, una veintena de comisiones rogatorias, 200 pruebas de ADN, 50 inspecciones oculares, 25 inspecciones de vehículos, medio centenar de dactiloscopias y casi 50.000 operaciones de rastreo telefónico.

TESTIGOS: Un total de 650 testigos y 98 peritos están llamados a declarar.

SEGURIDAD: El Ministerio de Interior ha activado el nivel intermedio (2) de alerta incluido en el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista. Además, 300 agentes velarán por la seguridad del juicio.

MEDIOS DE COMUNICACION: 140 periodistas de varios países cubren el juicio desde la sala de prensa y 250 desde el exterior. Hay 17 pantallas de plasma repartidas por el edificio para que periodistas y víctimas sigan el proceso.

DURACION: El juicio se desarrolla de lunes a miércoles -excepcionalmente habrá sesiones los jueves- y está previsto que acabe en julio.