En España, como en otros países de nuestro entorno, hay numerosas costumbres folclóricas, celebraciones populares y toda clase de festejos, con un arraigo muchas veces ancestral. Y eso es bueno: nos identifica como pueblo con mucha diversidad de carácteres, costumbres y tradiciones. En muchas ocasiones, se hace referencia incluso a la importancia económica y turística de tales celebraciones. Hasta ahí perfecto. Ahora bien, no se puede permitir el todo vale en cualquier celebración. No, no todo vale, porque estamos en un Estado de Derecho, existe una legalidad vigente, hay una serie de derechos constitucionales que deben ser respetados y jurisprudencia nacional e internacional del derecho humano al descanso.

Las Administraciones tienen que adoptar medidas, sobre todo en festejos con participación masiva de ciudadanos, encaminadas a encontrar un punto de equilibrio entre la viabilidad de éstos, el esparcimiento que naturalmente comportan, y la protección de los derechos individuales y colectivos y de los valores que les son inherentes a los ciudadanos.

Nadie está en contra de estas celebraciones, nadie. Aunque a nadie tampoco se nos puede obligar a estar de acuerdo en sus formas. Es una gozada ver los desfiles del Carnaval de Tenerife, los actos folclóricos de cada región de nuestra tierra -como, por ejemplo, la tamborrada de Calanda, en la que incluso niños pequeños se llegan a hacer llagas en las manos tocando los tambores-. Pero hay actos dentro de estas y otras celebraciones que son intolerables, como es la costumbre desarrollada sólo en los últimos años de utilizar grandes amplificadores de sonido, con desmesurada potencia, en bares, cafeterías, quioscos o lugares al aire libre, en fines de semana, fiestas patronales, ferias o Carnavales. El ruido en plazas y calles del centro de las ciudades, como los conciertos a altas horas de la madrugada en la vía pública, ocasionan serias molestias a los vecinos que, libremente, han decidido vivir en esas zonas, sin renunciar a la protección de las leyes y de los tribunales, a los derechos individuales reconocidos en la Constitución y a no tener que sufrir la agresión del ruido incontrolado, en nombre de la tradición, la idiosincrasia o los intereses económicos de algunos, convirtiendo este país en una república bananera. En cada ciudad existen recintos suficientes, con el correspondiente acondicionamiento acústico, para que puedan desarrollarse esta clase de celebraciones, sin que tengan que producirse en los cascos urbanos y al aire libre.

Deben tomarse medidas correctoras para que la seguridad ciudadana, el derecho al descanso y el esparcimiento del ocio sean compatibles con la utilización del espacio público, sobre todo si ese uso es de dominio residencial. Por cierto, eso era lo que solicitaban los vecinos afectados por el Carnaval de Tenerife y no lo que su alcalde se ha dedicado a divulgar en la prensa.

España ocupa el segundo lugar, tras Japón, en el indeseable ranking de países más ruidosos del mundo. Sus consecuencias son graves. De ello se derivan trastornos fisiológicos y psicológicos, al producir una irritación y un cansancio que provocan disfunciones en la vida cotidiana, como perturbación del sueño, estrés, irritabilidad, disminución de rendimiento y de la concentración, agresividad, cansancio, dolor de cabeza, y del ritmo cardiaco, depresión, y agravamiento de estados depresivos. Los niños, las embarazadas, los enfermos y los ancianos son más sensibles al ruido que impide conciliar su sueño.

Lo más irritante es que ese ruido se produce no en aras a la tradición, que no lo es, sino por un puro y duro beneficio económico o electoral. Festividades, participación ciudadana, folclore, desfiles, charangas, peñas... sí. Ruidos incontrolados, abusivos, desproporcionados, generados en horas nocturnas en sitios inadecuados, como son los bajos de las residencias de los vecinos, no.

SI

Ignacio Sáenz Cosculluela es presidente de Peacram (Plataforma Estatal de Asociaciones contra el Ruido y las Actividades Molestas).