La información que hoy publica este periódico viene a corroborar que el tribunal que juzga la masacre del 11-M está dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano para conseguir averiguar todos los aspectos de los atentados, también aquéllos que la instrucción de Del Olmo ha dejado pasar sin investigar. No de otra forma cabe interpretar que el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, haya pedido al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) los informes relativos a la entrevista mantenida por algunos de sus agentes y otros miembros de las Fuerzas de Seguridad con el minero José Emilio Suárez Trashorras días antes de que fuera detenido en Avilés y de que prestara declaración ante Del Olmo.
El contenido de esa reunión que tuvo lugar en Avilés tiene un indiscutible interés desde el punto de vista procesal, habida cuenta de que Suárez Trashorras es quien proporcionó datos clave para llegar a la casa de Morata de Tajuña donde, según figura en el sumario, se montaron las mochilas bomba, y sobre él pesa la acusación de haber proporcionado los explosivos que estallaron en los trenes. Seguramente, puesto que aún no estaba detenido, el minero se expresaría con mayor naturalidad y menos reservas que posteriormente en su declaración ante la Policía y el juez Del Olmo.
En la citada reunión, tal y como publicó EL MUNDO citando a algunos de los agentes que participaron en el interrogatorio, Suárez Trashorras relató que El Chino -uno de los suicidas de Leganés y presunto jefe de la célula islamista- había tenido relación de amistad con los etarras de la caravana de la muerte. El minero confirmó el dato en la entrevista en este periódico. Es de suponer que el o los agentes del CNI que asistieran al interrogatorio consignarían esta declaración en el informe. También sería significativo que no lo hubieran hecho. El juez Del Olmo ni pidió aclaraciones sobre esta reunión ni llamó a declarar a los agentes. Se conformó con la información que le suministró el ex comisario general de Información, Telesforo Rubio.
Gómez Bermúdez, sin embargo, ha solicitado el informe al CNI, que se lo ha negado alegando que se trata de «información clasificada con el grado de secreto» cuya desclasificación sólo es posible por acuerdo del Consejo de Ministros. En efecto, la respuesta de los responsables del servicio de inteligencia lleva implícitos los siguientes pasos que se deben dar para que el tribunal conozca un informe de un interés procesal evidente. Lo lógico es que el magistrado solicite al Gobierno la desclasificación del informe y que el Consejo de Ministros acceda a la petición. Antecedentes ya hay bastantes. Desde los papeles del entonces CESID sobre los GAL que los jueces obligaron a desclasificar al anterior Gobierno presidido por Aznar a los más recientes sobre los vuelos de la CIA pedidos por la Audiencia Nacional. En este caso, además, no se puede afirmar -como en los otros- que el conocimiento del contenido del interrogatorio a Suárez Trashorras ponga en riesgo la seguridad nacional. Incluso si los agentes del CNI tuvieran que ser llamados a declarar, lo podrían hacer como testigos protegidos, igual que otros que pasarán por el juicio.
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