Las mismas fuentes aseguraron a EL MUNDO que esta medida supone un ahorro económico para la administración catalana tanto por los despidos como por las cotizaciones. Respecto a los ceses, la finalización del despliegue de los Mossos en todo el territorio catalán, previsto para 2008, significará un descenso en el volumen de trabajo de la Escola, que ya está previsto que se convierta en el Institut de Seguretat de Cataluña (ISC).

Las investigaciones se iniciaron a finales del pasado año y los inspectores encargados del caso ya han solicitado diversa documentación a los responsables de la Escola, como reconocieron fuentes del Departament d'Interior. Las diligencias se han trasladado a un departamento especial de Inspección de Trabajo -que depende del Gobierno central- dedicada a las grandes empresas por el volumen de las relaciones y contratos que se están analizando. En este sentido, fuentes judiciales explicaron que podrían existir unas 2.000 contrataciones en fase de inspección.

Una portavoz del Departament d'Interior reconoció a este diario la existencia de un expediente, aunque aseguró que se trata de un caso puntual «abierto tras una denuncia particular». Fuentes judiciales explicaron ayer que «es extraño» que Interior tenga conocimiento de las razones por las que se ha iniciado un expediente «porque esta clase de denuncias son anónimas».

Fuentes judiciales explicaron que con la promulgación de la Ley 53/1999 se suprimió la posibilidad de celebrar «contratos para la realización de trabajos específicos y concretos no habituales», lo cual sigue vigente a día de hoy en base a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprobó la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.Fuentes judiciales explicaron que «en cualquier caso, la actividad de los profesores no puede calificarse como un trabajo específico concreto y no habitual, sino todo lo contrario, al tratarse de trabajos inherentes al propio objeto de la Escola».

El hecho que no exista ninguna organización sindical en este centro habría sido uno de los motivos por los que no se había denunciado la situación con anterioridad.

Un experto abogado laboralista señaló que aunque el Estatuto de los Trabajadores «excluye del regimen laboral las relaciones del personal de las Administraciones Públicas y esta exclusión permite en principio romper la presunción de laboralidad que el propio Estatuto establece, la laboralidad recupera toda su virtualidad cuando la contratación administrativa se ha efectuado con evidente fraude de ley y flagrante desviación del cauce legalmente previsto».

Una portavoz del Departament d'Interior aseguró que más del 80 por ciento de las personas que trabajan en la Escola «son funcionarios» y negó que se les obligue a que sean dados de alta como autonómos.Además, insistió en que se trata de un caso aislado.

No obstante, en la Escola de Policía de Catalunya trabajan numerosos profesores que sí que están dados de alta en la Seguridad Social como autónomos y algunos de ellos están en estas condiciones desde la creación de este centro. Los funcionarios tienen prohibida la realización de más de 75 horas mensuales, mientras que el resto tiene un límite económico al mes. Las horas se pagan a casi 50 euros. Desde hace unos años los profesores que imparten las clases a los futuros mossos d'Esquadra se dividen en grupos por asignatura -hay una veintena de profesores por cada materia- y uno de ellos es el que reparte las horas que debe hacer cada uno de los docentes, lo que lógicamente crea las consecuencias de la picaresca y tensiones entre los docentes.

Aunque hay muchos agentes policiales que trabajan en este centro, también hay psicólogos o preparadosres físicos, abogados o profesores de catalán. Muchos de los docentes se dan de alta en la Seguridad Social cuando se inicia el curso -que dura nueve meses- y cuando finaliza se dan de baja. La Inspección de Trabajo analiza si esta práctica es ilegal, ya que existen sentencias en este sentido.