Ninguno de los grupos parlamentarios presentó enmienda a la totalidad del proyecto, por lo que a partir de este mes se iniciaron una ronda de contactos con entidades sociales relacionadas con este plan tras lo que el texto regresará al Parlament para su aprobación definitiva.

El objetivo del Instituto es garantizar las políticas de selección, formación y carrera de los diferentes cuerpos que integran el sistema de seguridad, en colaboración con los órganos directivos del Departament D'Interior y las entidades locales. El conseller Joan Saura ya informó que la ley prevé crear una estructura orgánica basada en la colaboración, la corresponsabilidad entre los actores sociales y las instituticiones involucradas, con especial atención a los ayuntamientos y al mundo universitario.

El texto prevé la creación de dos consejos, uno de dirección con presencia importante de la administración local, y uno pedagógico que además contempla la participación de profesionales de la universidad.

Asimismo, la ley prevé la creación con los sindicatos y otra de relación con las empresas de seguridad privada.

Los vigilantes de seguridad privada y los detectives podrán formarse y titularse en el instituto. En el artículo 163 del Estatut, que versa sobre la seguridad privada, se concede a la Generalitat competencias que permitirán autorizar el funcionamiento de las empresas domiciliadas en Cataluña. De momento sigue siendo el Cuerpo Nacional de Policía y el Ministerio del Interior los encargados de fiscalizar la seguridad privada hasta que el ICS sea una realidad.