Siempre según la información del INE, en algunos casos se trata de personas que están obligados a inscribirse para percibir una prestación o un subsidio, por ejemplo, los trabajadores agrarios andaluces y extremeños. Otros presentan su demanda para poder recibir beneficios ajenos al empleo, como la formación ocupacional para poder prepararse y cambiar de trabajo.

En las consultoras privadas dicen que no hay estadísticas de cuántos empleados están descontentos con su trabajo y querrían cambiarlo, pero la impresión que tienen es que el resultado «asustaría a cualquier gobierno. Las condiciones laborales, sobre todo el sueldo y las interminables jornadas, son las principales causas de malestar».

La casuística

Que las cifras oficiales no recogen a todos los que quieren cambiar de empleo lo demuestra el dato de que las oficinas del Inem sólo intermedian un 10% de las contrataciones que se realizan. Es decir, la mayor parte de las demandas de empleo no llegan al Inem porque los trabajadores, ocupados o no, tienen pocas esperanzas de encontrar trabajo a través de la gestión pública. En la mayoría de los casos es el trabajador el que encuentra empleo por sus propios medios -generalmente por relación familiar y de amistad- e, instado por el empresario, se da de alta y de baja en el paro en el mismo acto para que el contratante reciba las subvenciones estipuladas.

Se trata de trabajadores con relación laboral a los que técnicamente se les considera demandantes de empleo no parados. Están catalogados en varios colectivos. Así, como «demandantes ocupados» se considera a los que se encuentran afiliados a la Seguridad Social en los regímenes generales o autónomos, los trabajadores fijos discontinuos (abundan en la hostelería), los eventuales agrarios (son unos 160.000, que trabajan las peonadas suficientes para poder percibir el subsidio, un 70% son mujeres) y los que están inmersos en un expediente de regulación de empleo.

Existe otro colectivo, de unas 98.000 personas, que demandan un empleo «con baja disponibilidad». Entre ellos se encuentran jubilados y pensionistas que pretenden simultanear de forma proporcional la prestación y un sueldo, ya que no pueden compatilibilizar el cobro total de la pensión con el trabajo. Otros 75.000 demandantes reciben la calificación de «no ocupados», aunque estadísticamente no pueden figurar como parados. Entre ellos se encuentran los estudiantes menores de 25 años o los que buscan su primer empleo si tienen más de esa edad; trabajadores a tiempo parcial de jornada inferior a las 20 horas semanales y empleados coyunturales por un período inferior a los tres meses.

También aparecen computados como demandantes de «un empleo específico» los que quieren trabajos sólo a domicilio, teletrabajo, empleo sólo en el extranjero, emigrantes con voluntad de regreso o los que buscan empleo fuera de su comunidad de residencia. Son unos 6.000.

Mujeres con estudios

Casi un 60% de estos demandantes descontentos son mujeres y tienen estudios secundarios, aunque hay unos 54.000 licenciados que quieren cambiar de aires. Por comunidades autónomas, Andalucía (donde existe el mayor número de trabajadores agrarios del antiguo Plan de Empleo Rural-PER), Cataluña y Madrid encabezan la lista respecto a trabajadores que buscan otro empleo. Les sigue la Comunidad Valenciana y Extremadura que, aunque no tiene una población activa importante, sí tiene subsidiados agrícolas.

En general se trata de trabajadores que buscan empleo en la agricultura, en los servicios en general y de tipo administrativo, aunque también destaca que más de un 20% de estos demandantes descontentos pretendan un empleo de técnico y de profesionales relativos a la sanidad, operaciones financieras y profesiones asociadas a la enseñanza.