Al igual que ZP con el referéndum de la Constitución Europea de 2005, saliéndole el tiro por la culata de una baja participación, Chaves perseguía convertir la cita de ayer en un plebiscito. Trataba de confundir sus razonables legítimos intereses personales y políticos de perpetuarse en el poder con los legítimos de una Andalucía que, cuando truene, ha de acordarse de Santa Bárbara, igual que la Cataluña del Tripartito implora a Santa Rita para no dejarse arrebatar los privilegios del Estatut y su relación vis a vis con el Estado.

Tocada del ala la Constitución del 78, con la aprobación del Estatut y el plan Ibarretxe-2 que está por llegar, Chaves buscaba maquillar la derrota de Andalucía en esta España dual que se abre paso y que usa como coartada este Estatuto que, con la excusa de nuevos derechos, perfila un cesarismo democrático en el que los tres poderes quedan en las mismas manos y el nuevo monarca electivo -embozado en la bandera blanca y verde- se erige en prácticamente inamovible, imposibilitando cualquier alternancia tras 25 años de monopolio socialista del poder.

En este sentido, la campaña ha sido esclarecedora al respecto, después de que la Junta Electoral Central haya obligado a cambiar el lema oficial y haya expedientado al viceconsejero de Gobernación, sin que éste haya sido destituido ipso facto, como la lógica democrática impone. Al mismo tiempo, la televisión pública ha seguido haciendo gala del partidismo acostumbrado y el presidente andaluz se ha negado a debatir sobre el Estatuto con los líderes de otras fuerzas políticas. Si esto ha sucedido con un referéndum en el que defendía el voto afirmativo la práctica totalidad de las fuerzas políticas, con la excepción del Partido Andalucista, ¿qué ocurrirá cuando el PSOE vea peligrar su mayoría absoluta y tambalearse su posición de privilegio?

Pese a la abrumadora abstención -el nuevo Estatuto dispone de menos apoyo que el vigente, lo que cuestiona su legitimidad, aunque no su legalidad-, nada cambiará. El establishment político, empresarial, sindical, mediático y asociativo -la trama clientelar- seguirá a lo suyo, de la misma manera que ha sucedido en Cataluña, pero con la diferencia de que Andalucía sale peor librada del envite.

Por intereses exclusivamente de partido, Andalucía ha dejado de pasar una inmejorable ocasión de jugar sus bazas. ¿De qué le sirve ganar un nuevo Estatuto si pierde en la práctica una Constitución que garantiza la solidaridad interterritorial? Contra la hipoteca del futuro de Andalucía, Chaves se ha ganado el aval para ser el único de los barones del PSOE que ha salvado la cabeza, a diferencia de aquellos otros dos tenores socialistas -Bono e Ibarra- con los que, en octubre de 1998, suscribió la Declaración de Mérida, en la que proclamaban la vigencia de la Constitución y renovaban su apuesta por el Estado de las Autonomías, como reacción al Pacto de Estella. Claro que el presidente andaluz, según declaraba a sus micrófonos amigos, «nunca ha compartido los temores de Rodríguez Ibarra ante el proceso desnacionalizador de Zapatero». ¿Quién engaña entonces, mirándole o no a los ojos, el Chaves de la Declaración de Mérida, el actual o, tal vez, los dos?

Nadie, desde luego, tiene memoria suficiente para mentir siempre con éxito, solía decir Abraham Lincoln, pero muchas veces se benefician de sociedades desmemoriadas o que simplemente prefieren enajenarse de los hechos para no complicarse la vida más de lo necesario, sobre todo cuando estas complicaciones te asaltan detrás de la esquina más inesperada. Pero, en estas circunstancias, Andalucía ha respondido con un «silencio maestrante» que constituye una moción de censura a toda la clase política en general y particularmente a un Chaves que, tratando de pasar a la Historia y haciendo el más clamoroso ridículo, ha manchado la memoria del 28-F, como gesto de rebeldía ciudadana y de equilibrio constitucional. Si quería un plebiscito, ya lo tiene.

francisco.rosell@elmundo.es