Nissan Motor Iberia envió hace unas semanas una carta de cancelación del contrato a todos sus concesionarios a partir del 31 de enero de 2009, es decir, con dos años de preaviso.
Aunque en la última convención la nueva directiva de la división comercial de la marca había ya advertido de la necesidad de introducir cambios, esta drástica medida ha pillado por sorpresa a la red de la marca, que ya sufrió una reestructuración en 2002. Entonces se redujo el número de concesionarios de 145 a 79 y el de agentes y servicios oficiales desde 350 a 139. Además, en plena búsqueda de sinergias dentro de la «alianza Renault-Nissan», se fomentó integrar ambas redes bajo las mismas empresas.
Los concesionarios de Nissan no creen que en esta ocasión se trate de reducir todavía más el número de empresas. Estiman que, por un lado, se desea sustituir algunas como ya ha ocurrido en Madrid, en donde se ha dado entrada a grandes grupos de distribución portugueses como Salvador Caetano y Spirito Santo.
Pero sobre todo se pretenden establecer unas condiciones más estrictas en las que continúen con el negocio. Por ejemplo, en los nuevos contratos que la marca está ya comenzando a negociar, siempre acogidos a la fórmula selectiva, se pide mayor exclusividad, sin dejar que la parte que no ve el público, como el taller o los almacenes de repuestos, puedan ser comunes con otras marcas que también distribuya la empresa concesionaria de Nissan.
Los concesionarios de Nissan admiten que 2006 ha sido un año nefasto debido a que en los primeros meses prácticamente se quedaron sin producto para vender al cancelarse coches como el Primera o el Almera Tino que, en sus versiones diésel mantenían un buen nivel de ventas. En esas circunstancias, las ventas se redujeron un 21% en el curso del año haciendo que buena parte de las concesiones cerraran el ejercicio en números rojos. Pero consideran que es una circunstancia ajena a ellos que les coloca en un plano de inferioridad de cara a la nueva negociación.
En defensa de sus asociados ha salido ya Faconauto, la federación de asociaciones españolas de concesionarios de automóviles. Admiten la potestad de una marca para reestructurar su red comercial, pero consideran que debería llegarse a un consenso con sus concesionarios.
En último término, la federación recuerda la doctrina del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que en una sentencia de septiembre de 2006 señala que «el mero hecho de que el proveedor considere, basándose en la apreciación subjetiva de la situación de su red de distribución, que resulta necesaria una reorganización de la misma, no basta por sí solo para demostrar la necesidad de tal reorganización».
Faconauto estima así que debería existir un árbitro independiente que dictaminara sobre la conveniencia de tal reorganización. Porque la otra alternativa sería llevar el caso a los Tribunales de Justicia.
El conflicto con la red de Nissan se ha producido unas semanas después de que se presentara en el Congreso la Iniciativa Popular de la Ley de Contratos de Distribución que permitirá regular de una manera más clara la distribución minorista en su relación con proveedores. Algo que tendrá incidencia en la que mantienen los concesionarios de automóviles con las marcas.
Por parte de los primeros se espera que quede claro cuáles son los derechos y deberes de ambas partes y que se impida que haya una parte que fije las condiciones, de forma que los operadores dispongan de un marco legal que les permita invertir con seguridad. En el sector se espera que durante esta semana se apruebe en la Comisión de Economía la proposición por la que se insta al Gobierno a crear dicha ley.