El senador Gustavo Petro, del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA), y la senadora Marta Lucía Ramírez, del Partido Social de Unidad Nacional, el principal de la coalición gubernamental, se manifestaron por esa medida, que requeriría de una reforma a la Constitución. Según Petro, son necesarias acciones que impidan que las organizaciones paramilitares, que se han ufanado de su influencia en las elecciones y el Legislativo, se apropien de la política y el Estado.

El congresista dijo que se requieren prontas decisiones en lo judicial, político y electoral, para que los comicios regionales y municipales de octubre entrante, «no sean escenarios propicios para que las mafias se tomen el poder público». La parapolítica, como ha dado en llamarse localmente el escándalo, mantiene detenidos a ocho congresistas y a uno prófugo, dentro del proceso penal que lleva a cabo la Corte Suprema de Justicia por las relaciones, desde hace años, de políticos y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los detenidos por orden del Supremo, caracterizados miembros de la bancada de Gobierno, son Alvaro García Romero, Jairo Enrique Merlano, Erick Morris Taboada, Mauricio Pimiento Barrera, Alfonso Antonio Campo Escobar, y Alvaro Araújo Castro, hermano de la ministra de Relaciones Exteriores, María Consuelo Araújo, a quien el presidente Alvaro Uribe ha dado, reiteradamente, todo su respaldo.

También están detenidos Dieb Nicolas Maloof Cuse y Luis Eduardo Vives Lacouture, menos cercanos al Ejecutivo. Contra el congresista prófugo Jorge Luis Caballero pesa una orden de captura de Interpol.