La decisión definitiva dependerá de uno de los seis reglamentos que completará el desarrollo de la Ley por el Derecho a la Vivienda, actualmente en trámite parlamentario, y que prevé salir aprobado de la cámara catalana al final del actual curso parlamentario, el próximo mes de julio. La redacción de ese reglamento será básico. Uno de los puntos esenciales será la determinación de la superficie límite por persona que se tendrá en cuenta para concebir que un piso está sobreocupado.

Entre las medidas que la Administración catalana propone figura un mayor control sobre este tipo de viviendas mediante «inspecciones que determinen cuál es el número máximo de personas que pueden vivir en una vivienda» y «cuáles son los mínimos de sanidad que debe cumplir para que no sea considerada piso patera».

En una entrevista en el programa Els Matins de TV3, Baltasar explicó que para poder evitar esta práctica la Generalitat «abrirá un expediente e impondrá sanciones económicas importantes a los propietarios o arrendatarios que incumplan esta normativa».

Con todo, el conseller también aseguró que la Administración «debe luchar para garantizar los derechos de los arrendadores», y explicó que «la Generalitat tiene previsto un plan de avales que ayude a los inquilinos a pagar las fianzas de los pisos para que los arrendadores no teman por desperfectos o por impagos sobre su propiedad. De esta forma, los arrendadores sólo tendrían que asumir un mes de fianza para conseguir un piso de alquiler, mientras que el resto que reclamara el propietario de la vivienda lo asumiría la Generalitat en el caso de que finalmente se produjeran problemas de impago o de desperfectos.

40.000 pisos entregados

En cuanto a los pisos de protección oficial, Baltasar aseguró que a pesar de que el presidente de la Generalitat, José Montilla, expresó el compromiso de tener 50.000 viviendas de protección oficial en cuatro años, «se refería a pisos en proceso de construcción» y no a los que se entreguen.

Además, el conseller de Medi Ambient i Habitatge anunció que «en cuatro años se habrán entregado entre 35.000 y 40.000 viviendas, cuyos propietarios tendrán las llaves en los bolsillos y estarán viviendo en las casas que han comprado o alquilado».