Las indagaciones se iniciaron a finales del pasado año cuando se detectó un elevado porcentaje de profesores de la Escola -que forman a los Mossos d'Esquadra- que estaban dados de alta como autónomos en la Seguridad Social. Según fuentes judiciales, desde la dirección de este centro -ubicado en Mollet del Vallès- «se presiona» a los docentes para que actúen de esta forma. Ello supone un importante ahorro económico para la Escola de Policia de Catalunya -tanto por los eventuales despidos como por las cotizaciones-. No hay que olvidar que cuando finalice el despliegue de los Mossos d'Esquadra, previsto para 2008, el volumen de trabajo de este centro descenderá espectacularmente. Además, el pasado mes de enero el Parlament dio luz verde al proyecto de ley del Institut de Seguretat de Catalunya (ICS), que unificará la Escola de Policia, la de Bomberos y de Seguridad Civil.

El diputado del PP, Daniel Sirera, explicó ayer que ya han presentado una petición por escrito en la cámara catalana para que comparezca Joan Saura en los próximos días y «dé cuenta» de las irregularidades que está investigando la Inspección de Trabajo.

Sirera informó ayer de que han solicitado una relación de las personas que han dado clases en la Escola de Policia de Catalunya durante los útimos tres años para poder «llevar a cabo un mapa de las contrataciones de este centro». Además, han reclamado conocer con extactitud cuánto ha cobrado cada docente.

Por su parte, el diputado de Ciutadans José Domingo, que también anunció que solicitará la comparecencia de Saura por este caso, calificó de «escándolosa» la información adelantada por EL MUNDO y explicó que su formación considera «especialmente preocupante que una administración aplique la figura de los autónomos».

Fuentes judiciales señalaron la semana pasada que la Inspección de Trabajo -que depende del Gobierno central- ha abierto un expediente que ha remitido a un departamento especial para grandes empresas ante el volumen de documentación que está siendo analizada. Las mismas fuentes afirmaron que podrían existir unas 2.000 contrataciomes en fase de inspección.

Desde el Departament d'Interior se reconoció la existencia del expediente y no pudieron negar que la Inspección haya reclamado documentación a la dirección de la Escola. Sin embargo, una portavoz aseguró que se trata de un caso puntual «abierto tras una denuncia particular». Fuentes judiciales ya mostraron la semana pasada su sorpresa por el hecho de que desde Interior se tenga conocimiento del origen del expediente cuando se supone que esta clase de denuncias son anónimas.

Por si no tuviera suficientes, al conseller Joan Saura le ha salido un nuevo problema, aunque hay que decir que se trata de un conflicto heredado.