Esas fuentes se remitieron a los asuntos más conflictivos para los exhibidores, principalmente la cuota de pantalla, que les obliga a proyectar un porcentaje de películas europeas en sus salas. En octubre, FECE anunció una serie de iniciativas que había presentado a Cultura para su inclusión en la nueva Ley del Cine, entre las que figuraba la petición de no exceder en un 48 % el pago que los exhibidores deben realizar a las distribuidoras por el alquiler de las películas y que ahora ronda el 55 %.

Rafael Alvero, director general de FECE, indicó que el sector que representa estaría dispuesto a «flexibilizar» su postura respecto a la cuota de pantalla a cambio de «un paquete de ayudas que tienen que ver con el crédito financiero y la fiscalidad de las empresas» y que contrarrestaría la «falta de equilibrio» que padecen.

Asimismo señaló la desigualdad que hay en España en comparación con otros países de Europa, como Francia o Reino Unido, e informó de que en el primero de ellos «existe un tope de alquiler de películas y nadie puede hacer un contrato por encima del 50 %». En Reino Unido ese porcentaje es del 38 %. Alvero lamentó que el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) no hubiese puesto orden en ello a pesar de la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia que se mostraba en contra de las «prácticas abusivas de las majors» y recomendaba acabar con esta situación.

Difusión cultural

Alvero señaló también que el desarrollo de la Ley de Cine es una buena oportunidad para «reconocer la contribución de las salas como canal esencial en la difusión cultural en España». Así, el sector comunicó al Ministerio de Cultura la necesidad de que esta norma contemple «una regulación de la actual situación de asimetría en la relación comercial que los exhibidores mantienen con el sector de la distribución y, sobre todo, con las majors de Hollywood».

Al mismo tiempo solicitó la inclusión en la ley de una «prohibición expresa de negar el suministro de copias de alquiler a la exhibición por parte de la distribución» ya que, a su juicio, «condiciona la viabilidad de cientos de empresas y salas de cine ubicadas en pequeñas poblaciones».

Otro tema planteado a Cultura es la «necesidad de reordenar las ventanas de explotación de los productos cinematográficos. Ahora mismo solamente existe de forma parcial para el cine español subvencionado, con una ventana de exclusividad de cuatro meses. Por eso, FECE considera necesario «garantizar un tiempo mínimo de exclusividad para todas las películas» así como «la reordenación general del resto de ventanas de explotación [venta y alquiler de video/dvd, televisión, internet...]».