El representante del Ministerio Público se reafirmó en la tesis que ha venido manteniendo en los distintos sumarios contra el entorno de la organización terrorista: «No es necesario pegar un tiro o poner una bomba para pertenecer a una organización criminal caracterizada como terrorista».

Ese criterio ha recibido recientemente un aldabonazo con la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a los 23 miembros del entorno juvenil de ETA como miembros de una organización terrorista. Paradójicamente, esa misma resolución establece una serie de requisitos para integrar el tipo penal de dirigente de un entramado de esas características, y, a juicio de Molina, esos puntos no se cumplen en ninguno de los procesados que desde hace 16 meses se sientan en el banquillo por pertenecer a los llamados frente político, obrero, cultural e informativo.

Por ese motivo, como ya anunció el pasado 6 de febrero, el fiscal se ha visto obligado a reducir la pena solicitada inicialmente. Además, la falta de elementos probatorios ha provocado la desaparición de algunos delitos económicos de los que se acusaba a algunos de los procesados. De esta manera, los casi 1.000 años de cárcel del escrito provisional se han quedado en 484.

La sesión de ayer, prevista para las 10.00 horas, tuvo que retrasarse hasta las 16.00 horas. El fiscal Enrique Molina empezó su relato haciendo una larga exposición de los hechos que considera probados, desde la perspectiva de las teorías del desdoblamiento y del endoblamiento del Movimiento de Liberación Nacional Vasco: tanto una como otra estaban dirigidas a crear un entramado social vinculado a los fines de la banda armada, bajo la coordinación de KAS y, posteriormente, de Ekin.

Molina seguirá hoy con su exposición y a continuación lo harán la AVT y las defensas. El juicio quedará visto para sentencia, previsiblemente, este miércoles.