La AUGC pide que no les pueda sancionar el Ministerio de Defensa, sino el de Interior, cuando se encuentran realizando funciones policiales, además de que se apruebe una ley de derechos y deberes del guardia civil que permita la creación de asociaciones profesionales que defiendan los intereses de los agentes.

Cánovas realizó estas afirmaciones tras declarar ante el responsable jurídico militar de la Primera Zona a causa del expediente disciplinario que la Dirección General de la Guardia Civil abrió contra él por participar en la concentración del pasado 20 de enero en Madrid, que potestaba por el incumplimiento de las promesas electorales del PSOE.

Cánovas se acogió al artículo 24.2 de la Constitución para no contestar a ninguna de las preguntas que el capitán jurídico le formuló durante la toma de declaración.

Falta 'muy grave'

El representante de la AUGC en Madrid se enfrenta a una falta tipificada como muy grave en el régimen disciplinario de la Guardia Civil por presentarse de uniforme en la concentración, lo que le ha supuesto, de entrada, una suspensión de tres meses de servicio y puede acarrear incluso su expulsión del Cuerpo.

Cánovas acudió a prestar declaración acompañado por los secretarios generales de los sindicatos policiales, así como por representantes de CCOO y de CSI-CSIF, por el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, miembros de la Junta Directiva provincial de AUGC y diversos compañeros de la asociación.

Durante los 40 minutos de la toma de declaración, le formularon un total de 41 preguntas. «Todos tienen derecho a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia», subrayó la AUGC en un comunicado.

Cánovas se definió como «un cabeza de turco» al que, «por el hecho de estar en la concentración», se le acusa de «unos graves gestos contra la disciplina».