Con una sonrisa en los labios y controlando la tensión que la atenazaba, quien ha sido hasta ayer una de las políticas más cercanas al presidente colombiano, anunció que se iba del Gobierno en una breve comparencia ante los medios. Se limitó a leer la carta que le había remitido la noche anterior a Alvaro Uribe.

«Hoy, seis meses después de haber asumido estar al frente de las Relaciones Internacionales (...) me voy del Gobierno (...) porque no estoy atada a ningún cargo», leyó. «Pero, en cambio, veo claramente la necesidad de que el proceso judicial esté libre de interferencias. La certeza de la inocencia de mi padre y de mi hermano, me obliga a irme para tener la libertad de estar a su lado y apoyarles como hija y como hermana».

No aceptó preguntas y abandonó sin más el salón del Palacio San Carlos, sede del ministerio. EL MUNDO pudo saber que, a pesar de la serenidad que muestra, «está personalmente destrozada».

Pertenece a una familia muy unida, natural del César -departamento costero del noroeste del país- que ha participado en política desde hace dos décadas. María Consuelo, de tan sólo 35 años, se había convertido en la figura más destacada del clan, con un futuro prometedor. Ministra de Cultura en el primer Gobierno de Uribe, aprobó con notable su gestión; y ahora acababa de acceder a una de las carteras más importantes.

Pero con un hermano senador ya en la cárcel -Alvaro-, acusado de secuestro y de tener nexos con los paramilitares; con su padre vinculado por la Fiscalía a los mismos delitos y con otro hermano, Sergio, señalado por colaborar con el jefe paramilitar de su región natal, Jorge 40, su posición se había hecho insostenible.

No sólo desde los partidos de la oposición sino en el propio seno de la coalición uribista, se habían levantado voces pidiendo su renuncia para desligar la imagen del país de sus problemas familiares. Tanto Araújo como el presidente intentaron resistir la avalancha.

Pero, el domingo, The Washington Post, un medio muy influyente en el Capitolio, donde se debaten dos cuestiones fundamentales para Colombia: la ayuda militar y el Tratado de Libre Comercio, se refirió a la ministra y a su familia, y bautizó de paragate (por paramilitares) el escándalo. A ello se unió que la revista Semana, la de mayor tirada en Colombia, se hacía eco de algunas investigaciones de la Corte Suprema que dejaban muy mal parado al senador Alvaro Araújo. Según sus informaciones, habría participado en un secuestro para obligar a la política local, Juana Ramírez, a renunciar a su aspiración al Congreso, y a forzarla a ser el número dos de su lista a la Cámara.

Miembros de la oposición, como Rafael Pardo, del Partido Liberal, acogieron bien el cese de la ministra. El objetivo de la clase política ahora es lograr que las Cámaras legislativas y los partidos tomen medidas para blindar las próximas elecciones locales de octubre de la influencia de los grupos armados.

La polémica entorno a un escándalo conocido en Colombia como parapolítica también alcanzó a los sustitutos de los senadores y diputados detenidos. Para unos congresistas en activo, no deberían ocupar sus puestos los segundos o terceros renglones de sus listas, puesto que los votos se obtuvieron con la presión de las armas y, además, algunos de los nombres son cuestionados por las mismas razones por las cuales sus jefes están en la cárcel.