La reforma del Estatuto valenciano no se sometió a consulta popular. El referéndum catalán, donde la clase política puso toda la carne en el asador, se saldó con una abstención escandalosa del 51,15%. En el andaluz, los esfuerzos por despertar el interés de la ciudadanía tampoco han surtido efecto. De poco han servido los cerca de 12 millones de euros gastados entre la Junta y los partidos. El domingo, el 63,72% de los andaluces dio la espalda al Estatuto.

Lo que demuestra el resultado de los dos referendos es que el rey que presentó Zapatero ante la opinión pública estaba desnudo; es decir, no hay un clamor en la calle, ni tan siquiera un rumor, en favor de las reformas estatutarias. Bastaba con seguir las encuestas del CIS para advertir que ese asunto no está entre las preocupaciones de los españoles. Es más, abrir ese melón sólo ha traído enfrentamientos entre comunidades, especialmente por el tema del agua, pero también disputas culturales, lingüísticas y por la financiación, porque cada autonomía pide la suya según el criterio que más le conviene, creando un guirigay que el propio ministro Solbes calificó de «sudoku».

Si los ciudadanos no se sienten concernidos, queda claro que el interés en este tema es político o, yendo más allá, sencillamente partidario. Se ha apelado a sentimientos de pertenencia, a conceptos abstrusos como el de «realidad nacional», a la búsqueda de esencias, pero las necesidades reales de los ciudadanos no van por ahí. Así pues, tiene razón Acebes cuando califica de fracaso personal del presidente Zapatero lo ocurrido con el Estatuto andaluz, ya que fue él quien decidió improvisadamente hacer de las reformas uno de los ejes de la legislatura.

No tiene por dónde cogerse la acusación del PSOE de atribuir al PP la desmovilización. Si tuviera el poder para atraer a su causa al 63% de los votantes, tendría mayoría absoluta en Andalucía. Al enrocarse y no reconocer el error, el PSOE hace oídos sordos al bofetón democrático de los ciudadanos, expresado en referéndum.