Con una contundencia así se manifiesta el juzgado de instrucción número 16 de Barcelona en un auto en el que rechaza la querella presentada por Ferran contra el director de EL MUNDO DE CATALUNYA, Alex Sàlmon, y la periodista del diario Salud Muñoz, por la presunta comisión de los delitos de calumnias con publicidad, injurias graves y coacciones relacionados con varias informaciones sobre su gestión al frente del Consistorio.

La resolución, que no es firme, recuerda que «no se trata de establecer si el ejercicio de las libertades de información y de expresión ha ocasionado una lesión al derecho al honor penalmente sancionable», sino si el ejercicio de esas libertades «se ha llevado a cabo dentro del ámbito delimitado por la Constitución».

Y en ese sentido, el juez traslada su examen jurídico a valorar si la información publicada «que era de indudable interés público en cuanto concernía a conducta y moralidad de un cargo público en relación precisamente a funcionarios que prestaban sus servicios en la Administración pública municipal era o no veraz».

La decisión judicial, apoyada en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, considera que las informaciones publicadas en este diario quedan amparadas por este principio de veracidad al haber sido «suficientemente contrastadas».

Además, añade el titular del juzgado de instrucción número 16, el magistrado Jaime Conejo Heredia, «basta la simple lectura de los artículos y opiniones para descartar» que alguno de los textos haya incurrido en calumnias o injurias con publicidad.

Las noticias y artículos de opinión objeto de la querella aparecieron en la edición catalana de EL MUNDO de los días 24 y 26 de noviembre de 2006. Sus títulos son «El alcalde Salou nombró a dedo al interventor municipal»; Guante de seda con los abusos del alcalde de Salou»; «La república bananera de Salou y los excesos de la familia Ferran»; «El hijo del alcalde de Salou amplió el ático donde reside de manera fraudulenta»; «Concejales bajo sospecha/ El sujeto que también es concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Salou elaboró una ordenanza a su medida para eludir la fiscalización de la correspondiente comisión de la Generalitat».

El juez también entiende en su resolución que el conjunto de informaciones a las que se refiere la querella, «incluso aún planteadas en términos crudos de denuncia de lo que se estiman actuaciones criticables de los cargos públicos», no comportan ningún «indicio racional» con un ánimo de injuriar que se pueda atribuir a este diario.

Fuentes del Ayuntamiento de Salou ya han manifestado su intención de recurrir la decisión en reforma y, en el caso de que se mantenga el fallo, después en apelación ante la Audiencia de Barcelona.