El Gobierno municipal le propondrá «el acceso a un piso de protección en régimen concertado en la segunda fase de promoción de la calle Pallars número 360, pendiente de inicio y de convocatoria de adjudicación prevista a lo largo de 2007». Otra de las opciones es poder acceder a «uno de los pisos previstos para los realojados por proyectos urbanísticos en esta misma promoción, en caso de que alguno de estos pisos no fuera necesario».

Para poder acceder a ello, el afectado «deberá cumplir con todos los requisitos de acceso establecidos en la normativa para todos los adjudicatarios de las viviendas de protección», según informó en un comunicado el Ayuntamiento, que ha citado al afectado a la Oficina de Vivienda para informarle de todo el proceso.

Con esta decisión, el Gobierno municipal trata de cerrar la polémica generada después de que el gerente del Instituto Municipal de Urbanismo, Ricard Frigola, informara el lunes de que el error en el sorteo provocara que uno de los agraciados perdiera la vivienda que inicialmente se le había adjudicado.

Aunque la polémica de la vivienda en la ciudad volvió a ser ayer protagonista de la jornada. Porque la Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla, alertó ayer de los problemas que tiene la actual clase media para acceder a una vivienda, ya que sus rentas superan los máximos fijados para las promociones públicas y, por el contrario, sus ingresos no les permiten pagar un piso del mercado libre.

Malla, que presentó ayer el informe de este organismo dedicado a garantizar ante el ciudadano el buen funcionamiento de la Administración local, señaló que la vivienda fue uno de los principales motivos de queja por parte de los barceloneses en 2006, con 81 de las 1.114 quejas que se presentaron en todo el año.

El estudio apunta que muchas familias jóvenes no pueden acceder a una vivienda de compra o alquiler por el elevado precio de mercado y por la poca oferta de protección oficial.