La decisión de Pérez Tremps impide al Gobierno de Rodríguez Zapatero nombrar para el TC a un nuevo magistrado que garantice un supuesto reequilibrio del Tribunal a favor del Estatut.

Aunque en el seno del TC rechazan -y hasta consideran ofensivos- los alineamientos que se les atribuyen, el Gobierno cuenta con que, sin poder nombrar a un sustituto de Pérez Tremps, los magistrados partidarios de declarar inconstitucional el Estatut en sus aspectos esenciales superan, por un voto, a los partidarios de salvarlo.

Es por ello que, en un giro argumental adoptado en los últimos días, a la vista de que el tiempo pasaba y Pérez Tremps no anunciaba su renuncia, el Gobierno ha empezado a insistir en la larga duración que suelen tener los recursos de inconstitucionalidad, con la pretensión de que la decisión sobre el Estatut no se tome por el actual TC sino por el que surja de la renovación prevista para el próximo diciembre.

No obstante, fuentes del Tribunal aseguraron que el propósito de los magistrados es iniciar «inmediatamente» el debate sobre los estatutos (no sólo está impugnado el catalán). Los miembros del TC consideran que la decisión sobre los nuevos estatutos de autonomía es «la más trascendente» de toda la historia del Tribunal porque afecta a la propia configuración del Estado.Consideran, por ello, que no se le deben aplicar los plazos de resolución de los recursos de inconstitucionalidad, «porque no es uno más».

La presidenta de la institución, María Emilia Casas, ha anunciado en reuniones internas que la deliberación sobre los Estatutos comenzará en breve. Casas, que ha vivido con enorme preocupación la crisis del Tribunal con motivo de la recusación de Pérez Tremps, supo la semana pasada por boca del propio magistrado que no pensaba renunciar al cargo para el que fue elegido con un mandato de nueve años.

Tras estimarse su recusación el pasado día 5, Pérez Tremps declaró en la única entrevista que concedió, a la cadena Ser, que iba a plantearse si presentaba su dimisión, lo que haría «por dignidad».Después de criticar a varios magistrados del TC, Tremps dijo que no iba a decidir «en caliente» sino que valoraría su «situación personal e institucional».

Por otra parte, La Generalitat tiene dos planes alternativos para afrontar el paso del nuevo Estatut por el TC.

El primer paso lo ejecutó ayer mismo. Presentó ante el TC un «recurso de súplica» para intentar anular la recusación y que la reposición de la mayoría progresista en el alto tribunal pueda dar una salida airosa al texto. Para el caso de que no surja efecto esa petición, el Govern prevé dejar las puertas abiertas a la recusación de Jorge Rodríguez Zapata, que, como Pérez Tremps, también participó en la elaboración de otro texto sobre el Estatut, como él mismo advirtió durante la votación que acabó decidiendo la recusación de Tremps. En este caso, el magistrado es de perfil conservador.

El president de la Generalitat, José Montilla, es quien suscribe el recurso presentado ayer, elaborado tras escuchar al gabinete jurídico y al conjunto del Consell Executiu. El Gobierno catalán persigue que el alto tribunal «aplique la doctrina anterior» y restituya a Pérez Tremps todas sus prerrogativas como magistrado para deliberar y dictaminar sobre el contenido, según informó ayer el conseller Joaquim Nadal, que actuó como portavoz tras la reunión del Ejecutivo.

Devolver los poderes a Pérez Tremps es, para el Govern, preferible antes que pedir la recusación de Rodríguez Zapata. No obstante, también reclama al Tribunal Constitucional que se decida con celeridad respecto a su recurso, para, a su vez, demandar la otra recusación. Se da por hecho que las dudas sobre los plazos para reclamar la recusación siguen abiertos y que la Generalitat podrá actuar en el caso de que lo considere conveniente.

Si no cambian las tornas, Pérez Tremps no podrá participar en ninguno de los debates sobre los artículos que el Partido Popular llevó al alto tribunal por sobrepasar los límites impuestos por la Constitución. Si bien sí podrá participar en los puntos recurridos por otras instituciones, esa decisión queda lejos de las demandas de algunos grupos catalanes, que reclamaban que el magistrado sólo se abstuviera en materia de relaciones exteriores de la Generalitat, la misma en la que participó a través de los informes por los que la Generalitat pagó 6.000 euros a través de un contrato firmado a finales de noviembre de 2003.

El Govern también acordó ayer presentar tres requerimientos de incompetencia al Ministerio de Educación en relación con los decretos que ordenan la formación profesional, el segundo ciclo de la educación infantil y la secundaria. Nadal justificó esta decisión por considerar que los tres textos del Ministerio invaden las competencias de la Generalitat, excediendo incluso las previsiones de la Ley Orgánica de Educación (LOE).

Estos requerimientos se suman al que ya presentó en su día el Govern contra el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas de la educación primaria y que acabó desembocando en un conflicto de competencias ante el TC.

Los Decretos responden al desarrollo de la LOE y son la base sobre la que el Departament d'Educació debe redactar los decretos que implementarán esta ley en Cataluña. En el caso del decreto de Primaria, que establece la tercera hora de castellano, Educació ha optado por elaborar un decreto que asume el objetivo de incrementar las horas de castellano pese a que da autonomía a los centros para decidir cómo impartirlas y si las concentra al final de la etapa.

Por otra parte, el Consell Executiu acordó retirar el conflicto de competencias que mantenía ante el TC desde el año 2002 contra el Ministerio de Justicia por el decreto sobre el régimen de nombramiento de sustitutos del Ministerio Fiscal.