La organización Ecologistas en Acción reclama la aprobación «urgente» de una moratoria urbanística a lo largo del litoral español ante «el alarmante» incumplimiento de la Ley de Costas, el «caos» urbanístico y la «degradación» de los sistemas litorales. La moratoria debe incluir puertos deportivos y comerciales.
Ésta es una de las medidas propuestas por el coordinador de esta ONG, Theo Oberhuber, durante la presentación de un informe que incluye ejemplos concretos de incumplimientos por parte de las administraciones autonómicas y locales, con la pasividad a veces del Ministerio de Medio Ambiente, de las directrices sobre ordenación del territorio.
Además de la moratoria, la organización va más allá y propone medidas «más drásticas», como la «deconstrucción», ya que «no basta con dejar de construir si queremos recuperar el litoral», según Oberhuber. Para ello, pide la elaboración de una cartografía que identifique las zonas más sensibles en las que se debe iniciar la retirada ordenada de las infraestructuras existentes.
El autor del informe, Jorge Sáez, subrayó que éste demuestra la privatización del dominio público marítimo terrestre de manera generalizada en las costas españolas.
Según Ecologistas en Acción, un ejemplo claro de ello lo constituye el Hotel Barceló, situado en Cala Vinyes, en Baleares, que tras una reforma invade el dominio público marítimo terrestre, «en una claro intento de privatizar la playa». Otro ejemplo lo constituye el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano que, al mismo tiempo que protege los primeros 500 metros, permite en esa franja la instalación de campos de golf, un «efecto llamada» para los promotores urbanísticos.
Más campos de golf
El estudio pone también de relieve que se está produciendo una ocupación constante de la zona de servidumbre, debido a la construcción de macroestructuras como complejos hoteleros o residenciales en numerosas ocasiones acompañados por campos de golf, informa Efe.
Como ejemplo «más claro» de esta práctica Sáez citó el proyecto de construcción de dos torres de 21 plantas a pie de mar en el Rincón de Loix (Benidorm), a sólo 60 centímetros de la línea de costa y que cuenta con el visto bueno de la Generalitat Valenciana.
Otro grave problema que denuncia el informe es el de las llamadas «fachadas arquitectónicas», instalaciones de más de 30 metros de altura que ejercen un efecto pantalla, cuyos máximos exponentes se encuentran en Benidorm, la Manga del Mar Menor y la Costa del Sol.
Ultimamente este modelo se ha exportado a lugares donde no era habitual como Cádiz, donde el informe recoge varios casos, como el de la playa de la Casería, en San Fernando, en la que se han instalado siete torres de 16 plantas de altura a escasos metros del mar, en terrenos colindantes al Parque Natural de la Bahía de Cádiz.
