Después de un tenso debate, en que polacos, húngaros y finlandeses amenazaban con vetar incluso la cifra básica del 20%, los ministros de Medio Ambiente llegaron a un acuerdo de mínimos para apoyar la reducción general -que llegaría al 30% si otras potencias se comprometen a recortes sustanciales- y dejar para más adelante los detalles sobre cómo se calculará por países. La presidencia de turno alemana admite que los Estados del Este consideren la reducción en relación no a 1990, como marca el Protocolo de Kioto, sino a otros años que impliquen una bajada más moderada. Polonia, por ejemplo, preferiría 1988, porque en el 90, en plena caída del régimen soviético, sufrió una aguda crisis industrial. Cada miembro ex comunista tiene su año preferido, que, en cualquier caso, no es 1990.

España defiende «el principio de equidad» y pide que se tengan en consideración las emisiones per cápita -un cálculo que le permitiría producir más gases, ya que este ratio es más bajo que el de la mayoría de países europeos- y factores como el boom demográfico por la inmigración. Sin embargo, como reconoció ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, los miembros de Europa oriental no se sienten «cómodos» con el criterio de las emisiones per cápita.

España respalda el plan de la Comisión y espera que países como EEUU y Australia -que no ratificaron Kioto-, se comprometan a recortes parecidos, pero insiste en mantener su estatus aparte. «Los sectores industriales han hecho ya un esfuerzo muy notable de aumento de la eficiencia energética de sus procesos y, por lo tanto, ulteriores esfuerzos serán más costosos de abordar. España quiere que se tenga en cuenta esa circunstancia», dijo Narbona, en rueda de prensa.

Según Kioto -el acuerdo por el que la UE se comprometió a recortar sus gases un 8% antes de 2012-, España podía aumentar las emisiones hasta un 15%, debido a su diferencia de desarrollo industrial con sus vecinos europeos. Ahora, una vez igualada la riqueza de la UE, el Gobierno recurre a otros parámetros para rebajar sus obligaciones, como el del crecimiento de la población, que ha pasado de 38 a 45 millones en siete años. Los atenuantes propuestos son nacionalistas: Finlandia, por ejemplo, pide que se considere el frío o el aislamiento geográfico para el reparto.

Los ministros dejan los particulares para la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno el 8 de marzo, pero han incluido en su declaración una mención a los años de referencia, el límite preferido por los países menos desarrollados del Este. Según el texto conjunto de ayer, habrá un «acercamiento diferenciado» sobre la contribución de los Estados miembros basado en las «circunstancias nacionales» y en «los años relevantes de partida».

Greenpeace felicitó a los europeos, pero se quejó de que su compromiso unilateral sea más bajo del propuesto si el resto del mundo sigue a la UE. «Sugerir un tímido recorte unilateral del 20% de emisiones mientras admiten que es inadecuado y que sería necesario un 30% es una discrepancia estrambótica», dijo Mahi Sideridou, director de Política Energética y Cambio Climático de la ONG.

Los Veintisiete siguen divididos sobre la propuesta para que en 2020 sea obligatorio que el 20% de su electricidad derive de energías renovables. España ya ha aceptado ese porcentaje y favorece que sea impuesto por ley en toda la UE. Pero los países del Este, más retrasados en la inversión ecológica, insisten en que sólo se debe quedar como objetivo ideal.