En diciembre, Cultura propuso subir al 6% la actual cuota que las cadenas deben destinar de sus ganancias a financiar cine español, hoy en el 5%. En enero, las TV, aparte de montar en cólera, contratacaron con una contraoferta, valga la redundancia: nada de 6%, pero sí un compromiso de financiar películas de más de 10 millones de euros de presupuesto, con recaudaciones en torno a los cinco millones y estrenos en más de 200 salas. De hecho, 2006 fue, en cuanto al cine español, el año de las TV, con las exitosas El laberinto del fauno, Alatriste y Salvador. «¡Hemos financiado un 70% del cine español!», proclamaron. Ni por ésas.

En febrero, la ministra Carmen Calvo hizo oídos sordos, declaró que asume que «nadie tirará cohetes» por esta Ley del Cine y se escudaba en la obligación moral de contribuir al bien general de unas empresas que, a la postre, existen gracias a concesión pública.

Y ayer, penúltimo episodio mediante comunicado público con la retirada «formal» de la «propuesta alternativa» ante el «silencio clamoroso de la ministra de Cultura a todos los documentos remitidos sobre este asunto». Las TV entienden que la ya muy perfilada próxima Ley del Cine es «un texto contra las televisiones privadas nacionales», pero apuntan a que la guerra está lejos de su definitivo final: aún queda el flanco judicial.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo lleva un par de años valorando un recurso interpuesto por Uteca (asociación que agrupa a las TV privadas) contra el dichoso 5%, y las cadenas señalan que «en dos meses» el Supremo podría instar al Constitucional y al Tribunal Europeo de Justicia a pronunciarse. Y se preguntan cómo es posible que Cultura impulse un borrador que profundiza en una vía que, en breve, podría ser declarada «anticonstitucional y antieuropea».

Las TV tampoco dicen comprender, a tenor del comunicado de ayer, que «por el hecho de ser concesión administrativa, cualquier grupo o colectivo pueda pedir y obtener del Gobierno gravámenes para sí de las televisiones privadas».

Según ha podido saber EL MUNDO, la oferta de Uteca era sustanciosa y equivalía a mantener el 5% actual, pero sin obligación legal. Es decir, las TV proponían aportar 220 millones de euros al cine español en los próximos tres años, lo mismo a que les obligaba la ley, pero a cambio de que no exista tal ley. Eso sí, desde el Ministerio les dieron nones.

«No entendemos que Cultura quiera profundizar en unas medidas que, en siete años, han sido incapaces de relanzar el cine español y perjudiciales para su industria cinematográfica, aún hoy inexistente a pesar de los cerca de 800 millones de euros invertidos obligatoriamente por las televisiones», prosigue el comunicado.

«Tan sólo han servido para pasar de producir 82 películas en 1999 a 148 en 2006. Varias sin ni siquiera estrenarse y casi todas, salvo honrosísimas excepciones conocidas, de baja producción, con escasa o nula taquilla, sin éxitos internacionales y únicamente útiles para quienes han recibido la subvención».

Por otro lado, y dado que ayer terminaba el plazo de alegaciones, los productores también emitieron una nota para repetir una vez más su petición de exenciones fiscales para las inversiones en cine, «como sucede en otros países de Europa». Los profesionales agrupados en la Federación de Productores Audiovisuales de España (FAPAE) acogen no obstante la ley «positivamente», pero dicen considerar «irrenunciable» que la ley sea complementada con una serie de medidas fiscales que permitan que las empresas españolas se encuentren en condiciones competitivas con las producciones de otros países europeos, al amparo de la normativa comunitaria.

Todas estas escaramuzas se producen cuando la norma enfila ya su tramitación parlamentaria sin que efectivamente los implicados tiren cohetes -algunos, de hecho, los lanzan contra el Ministerio-. La nueva Ley del Cine es, en realidad, una de las grandes apuestas de la legislatura en materia cultural.