La Federación Española del Vino la calificó en línea con lo que planteó el presidente del Gobierno el pasado 7 de febrero en el Senado, al prometer que no aprobaría el anteproyecto de ley si no había «un gran consenso» entre las partes. Zapatero consideró también la petición del sector de hacer compatible la defensa del vino con las medidas de prevención del alcohol en menores.

Los bodegueros bautizaron la decisión de «inteligente». La Asociación Empresarial de Bodegas del Vino (Avimes) insistió que la protección de los menores se debe compaginar con el respeto a los adultos, para quienes es saludable tomar entre 28 y 17 copas semanales. En este sentido, los empresarios defendieron, unas horas antes de conocer la noticia, la necesidad de que se cree una mesa de trabajo entre los ministerios de Sanidad y Agricultura, junto con el sector, para proponer medidas de prevención acordes con la Ley de la Viña y del Vino.

La Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) mostró también su satisfacción, pero advirtió de la necesidad de que a partir de ahora se considere la oferta del sector vitivinícola.

La COAG calificó de «buena» la decisión y apostó por que en el futuro se inicie este debate desde otro punto de vista. Por su parte, la UPA mostró su sorpresa por la decisión, pero se mostró satisfecha. El único sindicato agrario que matizó ese aplauso que el resto del sector dio a la decisión del presidente del Gobierno fue Asaja. Esta organización dejó claro que espera que no se trate de una «maniobra electoral» para aplazar la tramitación de la ley hasta después de las elecciones municipales de mayo.

En cuanto a los consumidores, sus críticas se centraron en los agentes económicos. La Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios denunció «la falta de madurez, la incomprensión y la irresponsabilidad de los sectores económicos». Por su parte, y antes de conocerse la noticia, el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) ya había denunciado la «monumental campaña» que a su juicio se realizaba para desautorizar la futura ley del alcohol.

La Sociedad Española de Medicina General consideró «indignante» la paralización de la futura norma, porque opina que han primado intereses económicos y políticos sobre la salud de los jóvenes. Las organizaciones de padres CONCAPA y CEAPA, que apoyaban el anteproyecto, opinaron, respectivamente, que ésta u otra ley deberá impedir el consumo de alcohol por los menores.