La decisión de Pérez Tremps impide al Gobierno de Rodríguez Zapatero nombrar para el TC a un nuevo magistrado que garantice un supuesto reequilibrio del Tribunal a favor del Estatut.

Aunque en el seno del TC rechazan -y hasta consideran ofensivos- los alineamientos que se les atribuyen, el Gobierno cuenta con que, sin poder nombrar a un sustituto de Pérez Tremps, los magistrados partidarios de declarar inconstitucional el Estatuto catalán en sus aspectos esenciales superan, por un voto, a los partidarios de salvarlo.

Es por ello que, en un giro argumental adoptado en los últimos días, a la vista de que el tiempo pasaba y Pérez Tremps no anunciaba su renuncia, el Gobierno ha empezado a insistir en la larga duración que suelen tener los recursos de inconstitucionalidad, con la pretensión de que la decisión sobre el Estatut no se tome por el actual TC sino por el que surja de la renovación prevista para el próximo diciembre.

No obstante, fuentes del Tribunal aseguraron que el propósito de los magistrados es iniciar «inmediatamente» el debate sobre los estatutos (no sólo está impugnado el catalán). Los miembros del TC consideran que la decisión sobre los nuevos estatutos de autonomía es «la más trascendente» de toda la historia del Tribunal porque afecta a la propia configuración del Estado. Consideran, por ello, que no se le deben aplicar los plazos de resolución de los recursos de inconstitucionalidad, «porque no es uno más».

La presidenta de la institución, María Emilia Casas, ha anunciado en reuniones internas que la deliberación sobre los Estatutos comenzará en breve. Casas, que ha vivido con enorme preocupación la crisis del Tribunal con motivo de la recusación de Pérez Tremps, supo la semana pasada por boca del propio magistrado que no pensaba renunciar al cargo para el que fue elegido con un mandato de nueve años.

La presidenta del TC pudo afirmar, así, con total tranquilidad el viernes último en Zaragoza que no se planteaba «ni como hipótesis» la dimisión de Pérez Tremps. Casas pidió «respeto» al Tribunal y a la independencia de «todos los magistrados sin excepción» y dijo que la decisión tomada «se encuentra dentro de la normalidad institucional».

La permanencia de Pérez Tremps no ha sido comunicada a los miembros del Tribunal y trascendió ayer por cauces políticos.

Tras estimarse su recusación el pasado día 5, Pérez Tremps declaró en la única entrevista que concedió, a la cadena Ser, que iba a plantearse si presentaba su dimisión, lo que haría «por dignidad». Después de criticar a varios magistrados del TC, Tremps dijo que no iba a decidir «en caliente» sino que valoraría su «situación personal e institucional».

Desde entonces, Pérez Tremps ha participado con normalidad en las deliberaciones del Pleno del TC sobre distintos asuntos e incluso fue ponente de la resolución por la que la semana pasada se aceptó la abstención de Elisa Pérez Vera para intervenir en la resolución de un recurso.

Por otra parte, la Generalitat tiene dos planes alternativos para afrontar el paso del nuevo Estatuto por el Tribunal Constitucional, después de que la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps saliera adelante, informa Dani Cordero. El primer paso lo ejecutó ayer mismo. Presentó ante el TC, con la firma del president Montilla un «recurso de súplica» para intentar anular la recusación, y que la reposición de la mayoría progresista en el Alto Tribunal pueda dar una salida airosa al texto.

Para el caso de que esa petición no surta efecto, el Govern prevé dejar las puertas abiertas a la recusación de Jorge Rodríguez Zapata, que, como Pérez Tremps, también participó en la elaboración de otro texto sobre el Estatuto, como él mismo advirtió durante la votación que acabó decidiendo la recusación de Tremps. En este caso, el magistrado es de perfil conservador.