El Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 3 de Zaragoza estima en la sentencia que el Ayuntamiento debe pagar a cada vecino 7.000 euros por las molestias que han sufrido ante la falta de una adecuada respuesta municipal.

Tras más de dos años de reclamaciones, los vecinos interpusieron en 2005 una demanda, apoyados por la Asociación La Huerva.

En la sentencia se describe así la situación que se vive en la zona de Moncasi: «Hay una proliferación extraordinaria de bares, en una zona acústicamente saturada, algunos de los establecimientos no disponen de licencia de apertura y tanto éstos como los que sí disponen [de ella] han sido denunciados por molestias procedentes de la actividad». Asimismo, añade que el Ayuntamiento «no ha garantizado a los vecinos el pacífico disfrute de sus domicilios, no desplegando la actividad que le sería exigible en orden a evitar estas situaciones».

Ignacio Sáenz Cosculluela, presidente de la citada asociación y de la Plataforma Estatal contra el Ruido, mostró su alegría por la sentencia: «Es un arma muy poderosa la que nos ha concedido el juez y que tiene el tribunal para que el Ayuntamiento cumpla con la sentencia. El Consistorio debería poner medida y coto a tantos desmanes que hemos estado sufriendo durante tantos años. Es una victoria moral muy importante», subrayó.

Cosculluela explicó que la demanda no se dirigía sólo contra el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento, sino también contra los anteriores.

Sobre la posibilidad de que el Consistorio recurra ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón la sentencia, posibilidad que este organismo estudia, Sáenz Cosculluela señaló: «Si el alcalde recurre no se entendería por ningún ciudadano, pues Juan Alberto Belloch, cuando estaba en la oposición, reconoció el problema de Moncasi e hizo crítica. Y ahora, cuando está en el Gobierno, que vaya a recurrir no lo entenderíamos nadie».

Desde el Ayuntamiento, el teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Antonio Gaspar, pidió unidad de criterio a los jueces, pues en menos de 24 horas han dictado dos sentencias contradictorias contra el Consistorio.