Es Rafael Chacón, fabricante del protagonista regresado de esta historia. Empezando por el final, el dueño de un producto que durante 30 años circuló boca a boca como sanador del cáncer y durante 10 estuvo sufragado por la Seguridad Social comunicó el 9 de febrero a la Comunidad de Madrid que vuelve al mercado español con Bio Bac como «complemento alimenticio» y hoy se reunirá con la Consejería de Sanidad para contarlo de palabra.

«Si el producto se registra como complemento alimenticio y no publicita propiedades terapéuticas o se presenta como medicamento, bien. Si es así, y los fabricantes no repiten sus viejos intentos de legalizarlo como uso médico, será legal», sostiene el Ministerio de Sanidad.

El 5 de febrero, Chacón recibió la autorización definitiva del Ministerio de Salud belga para vender lo que su padre inventó hace medio siglo. «Tras una verificación profunda sobre este complemento alimenticio, se le da el número: Prebacter, NUT 1107/1. Puede circular libremente en Bélgica», dice el servicio belga de Seguridad Alimentaria.

Prebacter, Enzi-Bio, Renoven y Bio Bac es lo mismo con nombres distintos, apellidos con los que ha circulado con permisos provisionales por Portugal, Eslovaquia, Bélgica e incluso España, donde los enfermos lo han bebido -como Renoven- a través de una línea 902.

El permiso belga es el alivio de Chacón. «Bélgica es de la UE, y si un producto vale en la UE, vale aquí. Aun así, hemos comunicado todo a España». Pero si Bio Bac vuelve como tal, será con surrealismo: su fabricante sigue imputado. ¿Un producto legal tendrá a su dueño imputado por fabricar algo ilegal?

La explicación es el sumario abierto hace 54 meses tras la operación Brujo. El 24 de octubre de 2002, un batallón de agentes irrumpió en casa de Chacón e inmovilizó cajas de Bio Bac. A la vez, 23 personas, entre ellas 13 médicos, eran detenidas en media España por un «delito contra la salud pública». Al día siguiente, todos menos Chacón salieron en libertad. Arrancó entonces un proceso que no ha salido del Juzgado de El Escorial, lugar por el que ya han pasado nueve jueces mirando de reojo el caso Bio Bac.

La entonces ministra de Sanidad, Ana Pastor, retuvo el producto tirando de sus razones: se fabrica en malas condiciones, no hay ensayos clínicos contrastados, se publicitan efectos curativos y se recomienda como alternativa a tratamientos médicos. Chacón arrojó las suyas: hay ensayos hechos en el extranjero, jamás se habló de fármaco y los médicos nunca lo recetaron como sustituto.

Un año después de la noche de frascos, Sanidad calificó Bio Bac de «inocuo», pero mantuvo su inmovilización. Chacón y algunos médicos hablaron de «manos negras» en el Ministerio y contaron que la industria farmacéutica quiso comprar el producto dos veces «a cambio de cifras mareantes».

Mientras, miles de consumidores de Bio Bac se angustiaban. «Nos daba igual el nombre: medicamento, complemento alimenticio, dietético... Sólo sabíamos que nos ayudaba en la enfermedad. Su legalización es el final de una pesadilla. A la agresión del cáncer se ha unido la agresión de un sistema sanitario que ha obviado la situación de miles de ciudadanos». Habla Carmen Morán, vicepresidenta de la Asociación de Consumidores de Bio Bac, cuatro años de lucha para volver al mismo sitio.

En 2003, el PSOE se reunió mucho con Morán. La hoy secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, habló de que la Sanidad socialista haría ensayos clínicos. Y el PSOE presentó una proposición no de ley para legalizar Bio Bac como complemento alimenticio.

Al otro lado del juego, Esperanza Aguirre llegó a poner su nombre en una recogida de firmas por la legalización de Bio Bac y prometió soluciones para cuando presidiera la Comunidad de Madrid.

Pero nada cambió. En abril de 2004, la Audiencia Provincial se basó en la «inocuidad» alegada por Sanidad y el «efecto placebo» en los usuarios para instar al Ministerio a «abordar los problemas sanitarios que la retirada de Bio Bac ha ocasionado al colectivo de consumidores del mismo». Al mes, los consumidores presentaron al Congreso un listado de 311 médicos que habían recetado legalmente Bio Bac.

El producto cambió de nombre fuera de España, y Chacón lo intentó registrar en algunas comunidades autónomas como complemento «de uso médico especial». Madrid y Aragón dijeron no porque ninguna Administración quiere juntar las palabras Bio Bac y médico.

Ahora, el frasquito volverá a los que creen en él como un tentempié oficial y un remedio en voz baja.