Miércoles, 21 de febrero de 2007. Año: XVIII. Numero: 6275.
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LA MUJER Y EL ISLAM / Víctimas del fanatismo
Irak condena a la horca por primera vez a tres mujeres insurgentes
Amnistía Internacional y varias ONG piden su indulto al considerar que fueron procesadas sin garantías
ROSA MENESES

Por primera vez desde que se desató la insurgencia contra la ocupación militar estadounidense a la caída del régimen de Sadam Husein en 2003, tres mujeres iraquíes han sido condenadas a muerte por actividades relacionadas con la insurgencia.

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Wassan Talib, de 31 años, Zeynab Fadhil, de 25, y Liqa Qamar, de 25, serán ejecutadas en la horca el próximo 3 de marzo. Así lo dictó el tribunal Central de lo Criminal iraquí el pasado 31 de agosto -en el caso de Talib y Fadhil- y el 6 de febrero de 2006, en el caso de Qamar. Sin embargo, estas sentencias -a punto de cumplirse- han levantado en los últimos días un movimiento de protesta que pide su indulto o la conmutación de su pena.

La organización pro Derechos Humanos Amnistía Internacional lidera una campaña internacional para que el Tribunal rectifique la sentencia a muerte de estas tres jóvenes, revele cuáles son exactamente los cargos contra ellas y conmute la horca. Amnistía Internacional propone un movimiento más allá: la abolición total de la pena de muerte en Irak.

Organizaciones de todo el mundo, entre las que se encuentra la española Campaña Estatal contra la Ocupación y la Soberanía de Irak (CEOSI) han elevado protestas ante las autoridades iraquíes para que no se ejecute a estas mujeres. Al movimiento internacional se han sumado personalidades como el escritor Eduardo Galeano, el ex fiscal del Estado de EEUU Ramsey Clark o el ex coordinador de la ayuda humanitaria de la ONU en Irak, Hans von Sponek.

Walid Hayali, abogado y miembro del Sindicato de Abogados Iraquíes, ha denunciado irregularidades durante el procesamiento de las tres jóvenes. Hayali asegura que el Tribunal Central de lo Criminal impidió que las mujeres tuvieran asistencia letrada por tratarse de delitos relacionados con la seguridad nacional.

Wassan Talib fue acusada y condenada por el asesinato de cinco miembros de las Fuerzas de Seguridad iraquíes, en 2005, durante un ataque armado contra un centro de seguridad iraquí en un barrio de Bagdad. Ella lo niega. Zeynab Fadhil comparte acusación con su marido y su primo por atacar a una patrulla del Ejército iraquí. La joven insiste en que ni siquiera se encontraba en Irak cuando sucedió el atentado en el que se la implica.

Además, Zeynab Fadhil y Liqa Qamar soportan su encierro junto a sus hijos. Zeynab tiene una niña de tres años, mientras que su compañera cría en la cárcel a una pequeña de un año, nacida mientras su madre se encontraba detenida. En la prisión de mujeres de Kadhimiya, situada en un barrio de Bagdad, las presas pueden vivir allí con sus hijos. Según la revista Time, hay nueve niños en este centro penitenciario.

Otra mujer, Samar Saad Abdula, de 25 años de edad, espera su inmediata ejecución después de que su apelación fuese rechazada por el tribunal. En su caso, ha sido condenada por matar a su tío, su tía y los hijos de ambos, cargos de los que ella se declara inocente. El caso de estas mujeres vuelve a poner en evidencia la decisión del Gobierno iraquí, que tras la caída del régimen baazista, quiso restaurar la pena de muerte para diversos delitos. También se manifiesta un problema grave en el seno del Estado: la falta de garantías en el sistema judicial del país.

La reinstauración de la pena capital se remonta a agosto de 2004, mientras que las primeras ejecuciones se llevaron a cabo el 1 de septiembre de 2005. Durante el año 2006, según datos de Amnistía Internacional, fueron llevadas ante la horca al menos 65 personas, incluido el ex presidente iraquí Sadam Husein. En lo que va de año, han sido ejecutados otros dos altos cargos de la dictadura de Sadam, sentenciados a muerte por la matanza de 148 chiíes en la aldea de Dujail, en 1982.

No se conoce con exactitud la cifra exacta de mujeres detenidas por las fuerzas estadounidenses o iraquíes. El último informe de Naciones Unidas que revisaba la situación de los Derechos Humanos en el país árabe calculaba que son 31.000 los presos oficialmente reconocidos.

Hace poco más de un año, Mohamad Jorshid, representante de una red de ONG pro Derechos Humanos en Irak, señalaba que 2.000 mujeres permanecían «por razones de seguridad» en varios centros de detención del país, según recoge la página web de la CEOSI. Más recientemente, la ministra iraquí de Derechos Humanos, Wajdan Mikhail (única representante cristiana en el Gabinete de Nuri al Maliki), afirmaba que las mujeres encarceladas en Irak suman en torno a un millar.

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