El dictamen del tribunal (por dos votos a uno) provocó ayer la condena de asociaciones como el Centro de Derechos Constitucionales o de Amnistía Internacional, que han cuestionado en los últimos cinco años el «limbo legal» en el que se encuentran los detenidos.

La decisión judicial será seguramente recurrida, y es probable que el caso acabe en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que en una ocasión anterior puso en entredicho los planes iniciales de la Administración Bush y forzó la aprobación de la controvertida Ley de Comisiones Militares, aprobada el año pasado en el Congreso gracias a la mayoría republicana y con la oposición de decenas de senadores demócratas.

En cualquier caso, la de ayer fue sin duda una de las victoria más sonadas del presidente Bush en el pulso que libra ante los tribunales por cuenta de los prisioneros de Guantánamo. Según el Departamento de Justicia, los presos son «enemigos combatientes» a los que no cabe aplicar los derechos reconocidos por la Constitución norteamericana.

La decisión deja en el alero al menos 200 casos de otros tantos prisioneros defendidos por los abogados de Centro de Derecho Constitucional, que reclama el derecho a que sean puestos a disposición judicial.

«Los tribunales federales no tienen jurisdicción en estos casos», proclamó en el dictamen de ayer el juez Raymond Randolph, dando por buena la tesis de la Administración Bush. «Aceptar los argumentos [de los abogados] habría sido desafiar la voluntad del Congreso».

La juez Judith Rogers quiso, sin embargo, dejar constancia de su voto en contra y expresó su «desacuerdo» con el hecho de que el Congreso pueda suspender el derecho al «hábeas corpus (puesta a disposición judicial), a menos que proporcione una alternativa adecuada».

El Centro de Derechos Constitucionales, que lleva más de cuatro años reclamando el derecho de los prisioneros de Guantánamo a cuestionar su detención ante los tribunales civiles, expresó ayer su consternación por el dictamen judicial.

«Esta decisión da poderes al presidente para hacer lo que quiera con los prisioneros sin ningún límite legal, e incita a prácticas tan notorias como las rendiciones extraordinarias y técnicas de interrogatorio que suponen una violación de las leyes internacionales», declaró ayer Shayana Kadidal, portavoz del centro. «El asunto va a acabar por tercera vez ante el Supremo, y es de esperar que nos vuelvan a dar la razón», presagió.

Rob Freer, en el nombre de Amnistía Internacional, condenó el fallo judicial y lo ilustró de esta manera: «Uno no puede imaginarse lo que sucedería si el Gobierno de otro país capturara a un ciudadano de Estados Unidos y lo retuviera durante años, negándole el derecho básico a pasar a disposición judicial».

El dictamen judicial llega precisamente cuando se están ultimando en Guantánamo los preparativos para las comisiones militares en las que, a partir de la próxima primavera, empezarán a ser juzgados los prisioneros más notables. Entre ellos, el australiano David Hicks, por cuya situación se interesó ayer el primer ministro de Australia, John Howard, en conversación telefónica con el presidente George W. Bush.