Una compungida Elena Salgado, anunciaba en la tarde de ayer la «interrupción de la tramitación» -o sea, lisa y llanamente, su retirada- de la llamada ley del alcohol, que tantos dolores de cabeza ha causado en los últimos días al Ejecutivo. Tan sólo unas horas antes, el sector se le había rebelado por enésima vez después de que la ministra expresara su voluntad de remitir el anteproyecto al Congreso sin cambiar una sola coma. ¿Qué pudo ocurrir entre una escena y otra? ¿Qué fue lo que medió para que en unas horas la ministra pasara de mostrarse desafiante a comparecer «frustrada» para informar de la retirada de la ley en la que ha empeñado todo su crédito político?
No es necesario ser un fino analista para ver en la acertada marcha atrás de ayer un reflejo de cordura política in extremis de Zapatero. Con buen criterio, el presidente ha preferido obligar a su ministra a rectificar antes que seguir adelante con una ley letal para el sector vinícola y que sin duda le acarrearía al PSOE un extraordinario coste electoral en comunidades como La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias o la misma Andalucía.
La ministra había presentado la ley como la forma más eficiente de luchar contra un problema gravísimo: el de la iniciación al alcohol en edades cada vez más tempranas. Para ello contemplaba la prohibición de la publicidad de bebidas alcohólicas en diversos soportes y la prohibición de su consumo en las cafeterías de institutos y polideportivos. La ley no distinguía bebidas de alta graduación como el ron o el whisky de otras como la sidra o la cerveza y sobre todo el vino, que tienen un importante peso cultural y económico en la sociedad española. Por esta razón, la ley cosechó un rechazo amplísimo. Se opusieron a ella los publicitarios, los dueños de los medios, los sindicatos agrarios, los cooperativistas, la asociación de bodegueros y hasta los socialistas de las zonas afectadas. En realidad, fue el grueso de la ciudadanía el que consideró que a la ministra se le había subido el autoritarismo a la cabeza y que tomaba un camino prohibicionista y simplificador para resolver un problema -el de la bebida juvenil- que exige soluciones mucho más complejas.
El presidente Zapatero debería reflexionar sobre lo ocurrido. En el seno de su Gobierno se plantean con demasiada frecuencia iniciativas de carácter demagógico que reflejan una visión de la política intervencionista, dirigista y maniquea. Al final, como ha ocurrido en este caso, tiene que ser el propio Zapatero quien termine haciendo de bombero de una dinámica a la que él mismo ha dado impulso.
Después de su bochorno de ayer, lo más coherente sería que la ministra Salgado dejara el cargo, máxime cuando en diversos compases de este culebrón ha dado la impresión de querer echarle un pulso a todo el mundo. Por fortuna para el atribulado sector del vino, al final no lo ha ganado.
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