La reunión ayer de la comisión municipal de estudio del fenómeno okupa -con representación de todos los grupos y en la que se presentaban los dictámenes jurídicos pedidos por el Ayuntamiento para ver cómo hacer frente a este problema- volvió a mostrar las desavenencias entre PSC, ERC e ICV-EUiA, diferencias criticadas por la oposición, que acusa al tripartito de pasividad.

El concejal de Seguridad, Ferran Julián (PSC), señaló, no obstante, que aún se están analizando las propuestas, y que su grupo trabajará para lograr el máximo consenso para sacar adelante una reforma jurídica que tenga en cuenta el interés general, y que permita «desalojos exprés» de las fincas okupadas para su posterior uso social.

Aunque descartada la posibilidad de que el Ayuntamiento ejecute como administración los desalojos, «algo jurídicamente imposible», los dictámenes plantean otra reforma jurídica que, con el respaldo de los dueños de la finca ocupada -o en el caso de que la propiedad no esté definida- permita al Consistorio personarse directamente como parte implicada ante el juez para agilizar los desalojos.

«No sería una actuación en la que luego el Ayuntamiento se retiraría, sino que continuaría en el proceso para que el inmueble desalojado tuviese una función social», agregó Julián.

Mientras, la concejal de ERC Pilar Vallugera aseguró que su formación sólo es partidaria de que el Ayuntamiento intervenga en aquellos casos de ocupación que provoquen problemas de convivencia o salubridad o que conlleven actividades para la que no dispone licencia (fiestas, bares...).

Para el resto de casos, la edil republicana cree que el Código Civil ya incluye elementos reguladores para que un propietario recupere la propiedad en caso de que se produzca una usurpación, un proceso que ha vinculado, no obstante, a una mayor celeridad en las sentencias y al desarrollo de la justicia de proximidad.

Al igual que Vallugera, el concejal de ICV Ricard Gomà dijo que, en estos momentos, sólo una decena de las fincas ocupadas en Barcelona genera problemas de convivencia, por lo que se mostró partidario de la vía administrativa y urbanística para actuar -y sólo en estos casos de molestias- agilizando las expropiaciones, pero descartando siempre la regulación penal de la ocupación.

El Ayuntamiento aseguró que en los últimos meses se ha producido una disminución de un 6% de las casas ocupadas, de 317 a 293, con casi una treintena de desalojos, y resoluciones judiciales más rápidas.

Este balance no lo comparte la oposición, que criticó el retraso con el que se presentan los dictámenes y las diferencias en el tripartito, por lo que tanto CiU como PP se ofrecieron al PSC para sacar adelante medidas concretas, si al final no se pone de acuerdos con sus socios.