Los coruñeses afincados en la capital argentina recibieron en diciembre una carta con membrete de la Alcaldía y la Fundación Españoles en el Mundo. Allí les anunciaban que «censistas profesionales» les visitarían en sus casas para «una encuesta general y obligatoria de todos los emigrantes de este Ayuntamiento».

Se trata de un universo de alrededor de 2.500 gallegos, ya registrados todos en el oficial Censo Español de Residentes Ausentes (Cera), realizado por el Consulado español en Buenos Aires, a los que les prometieron que contestar las preguntas «reportará en su beneficio».

La misiva que anticipaba la «encuesta censal», que tendría lugar entre el 2 de enero y el 1 de marzo, decía que Losada la había encargado, pero no llevaba su firma ni la de ningún funcionario municipal, sino que constaba la única rúbrica de Eduardo Jorge Gil Michelena (un ciudadano hispanoargentino), y debajo podía leerse: «Censista a cargo».

Ante todo ello, el presidente del PP en Argentina, Avelino García Melle, expresó sus sospechas sobre una posible maniobra de cara a las elecciones municipales que se van a celebrar el próximo mes de mayo en España y alertó de que «dicha encuesta puede ser entendida como una acción de campaña fuera del periodo electoral legalmente admitido por la LOREG».

También cuestionó «el carácter obligatorio» del estudio, porque «extiende atribuciones más allá de lo legal» al Ayuntamiento de La Coruña, ya que, previno, el único censo oficial es el Cera y sus «datos son de uso exclusivo de la Administración Pública Española y deben ser manejados con absoluta reserva en resguardo del derecho a la intimidad».

Sin embargo, la secretaria general del PSOE en Buenos Aries, María de los Angeles Ruisánchez, ironizó en un comunicado: «La llegada de vientos electorales hace que el Partido Popular comience a ver fantasmas donde no los hay». «Posiblemente», arriesgó, «vean en las actividades de uso frecuente amenazas para su estrategia política, aunque estas actividades beneficien a los ciudadanos».

Pese a que se indicó a los coruñeses el deber de cumplir con los censistas, la dirigente socialista aseguró que «las encuestas o estudios no son obligatorios» para los emigrantes e insistió en que «se hacen a través de empresas especializadas; en consecuencia, el alcalde [Losada] no tiene por qué firmar absolutamente nada».

En mitad de la guerra abierta entre el PP y el PSOE, este periódico se puso en contacto con el «censista a cargo» Gil Michelena, que había firmado la carta que provocó la controversia. «Me encomendó este trabajo una persona de La Coruña», se limitó a responder, y no quiso identificarlo ni aclarar si pertenece al Ayuntamiento.

«Hemos detectado que muchos coruñeses se mudaron, alrededor del 15%, y hay una cantidad importante de muertos, el 6%», precisó Gil Michelena. Y dijo que «lo que se busca saber es qué guarismo de separación hay entre la realidad social y los números del censo del consulado».

A la pregunta de si era sociólogo o tenía un gabinete de estudios de mercado, respondió: «No, yo soy ingeniero de sistemas».