El alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá y el fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, anunciaron ayer la noticia que todos esperaban. Muy pronto comenzarán las obras para eliminar el transformador eléctrico situado en la calle San Joaquín, 13. «La buena voluntad de ambas instituciones ha hecho que se llegue a un acuerdo histórico entre un órgano judicial y una administración local con el objetivo de beneficiar a los ciudadanos», según dijo el alcalde de la localidad.

Los vecinos interpusieron varias denuncias en juzgados y dieron a conocer a la prensa que se habían producido varios casos de muerte por cáncer y problemas cardiovasculares en ese número de la calle debido a «la emisión continua de emisiones electromagnéticas» provocadas por un transformador de Iberdrola.

Tras las denuncias la empresa eléctrica y el Ayuntamiento pidieron informes que terminaron, según ambas, en que los niveles de emisión están por debajo de los que marca la ley. Sin embargo, para tranquilizar a los vecinos «y gracias al empeño del fiscal y del alcalde», según el Ayuntamiento, se ha tomado la decisión de eliminar este transformador.

Para garantizar el suministro eléctrico en la zona la compañía instalará dos centros de transformación de menor potencia que irán blindados en hormigón y el Ayuntamiento costeará las obras que se iniciarán en cuanto la dirección general de Industria otorgue el permiso ya solicitado. Los transformadores irán colocados bajo tierra, aislados y en zonas apartadas de los domicilios.

Emilio Valerio dijo tras la firma que este era un acuerdo histórico que demuestra la sensibilidad del Ayuntamiento de la ciudad y de la Comunidad en esta materia y que demuestra que la vía del consenso permite evitar problemas que reducen el riesgo para los ciudadanos. Se mostró partidario de contar con este tipo de políticas hasta enterrar todas las líneas de alta tensión que produzcan molestias en otros puntos de la geografía madrileña. «Lo que no queremos para generaciones futuras no podemos mantenerlo en las actuales», y aseguró que su papel ha sido «atender a los vecinos y seguir la vía de la colaboración con las administraciones para solucionar temas medioambientales porque no es fácil solucionar estos casos y menos cuando se trata de instalaciones que llevan 30 años en el municipio».

El alcalde dijo que, «aunque los informes emitidos no daban altos niveles de emisiones y la comunidad científica tiene división de opiniones sobre la materia, lo más importante no es lo que se sabe sino lo que no se sabe y mi obligación es atender a los vecinos que tienen preocupaciones y además han sufrido importantes pérdidas».