La sentencia marca un hito en la historia de la lucha contra las drogas y contra las organizaciones terroristas que emprendió el mandatario colombiano hace cinco años de la mano de su homólogo George W. Bush.

El veredicto era esperado con cierto nerviosismo en los gobiernos de ambas naciones, puesto que hace unos meses sufrieron un duro revés al no conseguir que otro jurado condenara a Ricardo Palmera, conocido dentro de la organización subversiva como el comandante Simón Trinidad, por secuestro. En aquella ocasión, a dos ciudadanos de los 12 que deberían decidir tras el juicio celebrado en la Corte de Columbia, no le convencieron los datos aportados por la Fiscalía y terminaron por absolverlo. En los próximos meses volverá al banquillo por tráfico de estupefacientes.

Sonia era la comandante responsable de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en Peñas Coloradas, una pequeña población de enorme importancia para las finanzas del grupo armado. El caserío, enclavado en las selvas del Caquetá, al sur del país, era el centro de una región productora de coca.

La comandante, madre soltera de un hijo de 11 años, distribuía el alcaloide. Durante el juicio, fue clave el testimonio de una infiltrada de la DEA, el organismo estadounidense que combate el narcotráfico. Rocío Alvarez, que ya había hecho negocios con la mafia y con la guerrilla, se cambió de bando cuando la detuvieron. Le entregaron un teléfono satélite que estaba interceptado, para que se lo regalara a Sonia. De ese modo, obtuvieron una valiosa información de las transacciones que hacía la comandante y que terminaron, junto a otras pruebas, condenándola. En mayo se conocerá los años que le imponen, pero ya se sabe que los pasará en una minúscula celda, aislada y con sólo una hora de sol al día. Cuando conoció la sentencia, Sonia se sentó y se puso a llorar. La condena tendrá repercusiones no sólo para futuros procesos, teniendo en cuenta que hay 50 altos mandos de las FARC perseguidos por la Justicia estadounidense por el mismo delito de tráfico de drogas, sino también para el acuerdo de intercambio de secuestrados políticos por presos guerrilleros.

En el último comunicado que emitió el grupo subversivo hace unas semanas incluyó a Sonia y a Simón Trinidad entre los guerrilleros que deberán quedar en libertad. La sentencia aleja esa posibilidad puesto que ya no se trata de pactar con la Casa Blanca sino con la Justicia, algo que los juristas consultados por los medios de comunicación locales, consideran improbable.

Para las familias de los 54 rehenes que las FARC pretenden canjear por presos, la noticia cayó como una bomba puesto que ven más lejano la posibilidad de un acuerdo. Además, temen que puedan endurecer las condiciones del cautiverio como represalia. Hay que considerar que al margen de la rigidez del sistema penitenciario norteamericano, Sonia no podrá ver a su familia puesto que les niegan el visado y sólo se lo conceden cada tres o cuatro años por motivos humanitarios.

Esa lejanía es la que más temen los delincuentes colombianos y de ahí que la amenaza de extradición a Estados Unidos sea una herramienta poderosa en mano de las autoridades, un arma que Uribe piensa seguir utilizando para doblegar a las FARC y obligarlas a negociar una salida política a la guerra.