En primer lugar, Fernández Bermejo volvió a arremeter contra el Consejo General del Poder Judicial asegurando que «en su composición actual carece de legitimidad». Provoca auténtico espanto que semejante distinción entre lo que es legal y lo que es legítimo provenga, precisamente, del titular de Justicia. ¿Está sugiriendo Bermejo que las decisiones que ha tomado el CGPJ en los últimos meses, entre ellas la de nombrar a dos magistrados para la sala penal del Supremo, son ilegítimas? ¿No debería conocer, él más que nadie, que la única fuente de legitimidad en democracia es la ley?

Por si el dislate del ministro no fuese suficientemente revelador en términos constitucionales, queda acentuado por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ésta, al contrario de lo que la legislación establece para un Gobierno en funciones, no fija ninguna limitación al funcionamiento de un CGPJ en esa misma situación. Dicha ley debería ser conocida por Bermejo, aunque sólo fuera porque la elaboró su mentor político, el ministro socialista Fernando Ledesma, para el que trabajó como asesor.

Con el nuevo ministro de Justicia ha resucitado con vigor la vieja lección de Alfonso Guerra sobre la muerte de Montesquieu y la separación de poderes. Sin sonrojarse, Bermejo propinó ayer otra patada a la Constitución al afirmar que el órgano de los jueces debería «responder a la nueva mayoría de las Cámaras». Precisamente, si los padres de la Carta Magna fijaron el mandato del CGPJ en cinco años es porque querían que se renovara con independencia de las legislaturas.

Resulta evidente que la argumentación de Bermejo no tiene ningún fundamento jurídico y es puramente instrumental. Prueba de ello es que nadie le oyó quejarse cuando el CGPJ de Pascual Sala trabajó en funciones durante ocho meses. Todo su afán es debilitar las posiciones del PP, lo que demuestra que su intención de llegar a un acuerdo con dicho partido es nula.

El espíritu marrullero del nuevo ministro se puso también en evidencia a la hora de reinterpretar sus pasadas declaraciones en contra de la investigación y enjuiciamiento de los GAL, las que con gran cinismo quiso ayer limitar a una crítica a las «reacciones sociales» que suscitó el caso, cuando lo que él literalmente afirmó en 1997 es que era «un ejemplo de que las cosas pueden tener estado judicial o carecer de él en función de las exigencias de la política de partido».

Su intervención estuvo plagada de desplantes chulescos nada acordes con el cargo que representa. Por ejemplo, cuando Eduardo Zaplana le preguntó por sus declaraciones sobre el CGPJ, el ministro de Justicia le espetó que sólo «sobre ladrillos, pero no en el ámbito de Derecho» podría darle el diputado popular lecciones, una marrullera forma de arrojar la sombra de la corrupción urbanística sobre una persona que no tiene ni un solo sumario abierto.

La de ayer fue, en suma, una jornada que permitió a Mariano Fernández Bermejo desplegar su verdadera catadura personal, la antítesis de lo que Zapatero ha venido preconizando como idea de gobierno tanto en el contenido como en los modos. Sus embates a nuestra Carta Magna y a la Ley Orgánica demuestran que no le sobrarían algunas lecciones de Derecho Constitucional.