Más de 50.000 soldados de un Ejército multinacional, liderado por la OTAN, libran hoy en Afganistán una guerra contra la milicia talibán, que ha encontrado refugio seguro en la frontera con Pakistán y en el sur del país, donde todavía conserva importantes apoyos.

Esta es la cruda realidad, pero el Gobierno que preside Zapatero prefiere presentar la misión española como una contribución a la reconstrucción del país y como un esfuerzo de ayuda humanitaria en el marco de un mandato de la ONU. Ello es cierto, pero también lo es que los enemigos de la fuerza multinacional no distinguen ni intenciones ni uniformes, de suerte que los militares españoles constituyen un blanco semejante a los de cualquier otro país.

El Gobierno debería ser más claro y reconocer públicamente que la misión española en Afganistán es de alto riesgo y que nuestros soldados se están jugando la vida. Hay que recordar el trágico accidente del Yakovlev en el que perecieron 62 militares que volvían a España en mayo de 2003, y, dos años más tarde, la muerte -todavía no totalmente esclarecida- de otros 17 profesionales que fallecieron al estrellarse un helicóptero Cougar en el que patrullaban.

Zapatero anunció la retirada de Irak a los pocos días de su investidura, pero decidió mantener la misión en Afganistán tal vez para compensar la afrenta a EEUU y sus aliados que suponía salir de aquel país.

Aunque el origen desde el punto de vista del mandato internacional es muy distinto, la situación bélica de uno y otro país ha llegado a ser muy parecida, casi como dos gotas de agua, lo que obliga al Gobierno español a replantearse si tiene sentido arriesgar la vida de 700 soldados.

Este replanteamiento exigiría que el Gobierno definiera unos objetivos y unas condiciones para seguir en Afganistán. Y también responder a la pregunta de si España está haciendo un esfuerzo proporcional a sus intereses y a su peso internacional.