La Fiscalía considera «acreditado» que José Antonio G.I. y Javier B.C. son responsables de un delito de detención ilegal y reclama que indemnicen a la víctima, Fikri L., con 250 euros por las lesiones sufridas, cantidad de la que debe responder directamente la empresa para la que trabajaban los acusados, Prosegur, informa Europa Press.

Durante la segunda sesión del juicio, celebrada ayer en la Audiencia de Barcelona, la acusación particular, defendida por el letrado Jaume Asens, modificó su petición inicial de condena y redujo la pena solicitada a cinco años de prisión para cada uno de los acusados por un delito de detención ilegal con la agravante de motivación racista.

Asimismo, Asens rebajó el delito de lesiones por el que inicialmente pedía dos años más de cárcel a una falta, por la que reclamó una multa de 900 euros que se ha de sumar a otra de 900 euros por vejaciones. Los hechos ocurrieron el 17 de marzo de 2005, cuando la víctima estaba esperando el metro para ir a trabajar.Según la acusación, los vigilantes abordaron a Fikri L. sin mediar palabra y le llevaron a un cuarto donde le golpearon.