A esta cifra se suman los 56.740 euros que costó movilizar una flota de 54 autobuses para transportar a los viajeros afectados. La compañía ferroviaria ya había anunciado que, al tratarse de una situación excepcional ajena a su responsabilidad, devolverá el importe del billete a todos los viajeros que lo reclamen, incluidos los que utilizaron algún otro medio de transporte facilitado por Renfe para llegar a su destino.

Tras el intenso trabajo del miércoles para despejar las vías y reparar los daños ocasionados en el trazado, el servicio del AVE volvió a prestarse con normalidad salvo en el tramo afectado, donde el tren circulaba a 80 kilómetros por hora. En ese lugar, operarios de Adif y la empresa adjudicataria de la obra que causó los daños, Corsán-Corviam, seguían retirando escombros de los laterales de la vía y analizando las causas del accidente y la cuantía de los daños.

En los despachos, la guerra de acusaciones para depurar responsabilidades seguía con la misma intensidad: la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, lanzó duras críticas contra el Gobierno autonómico que preside Esperanza Aguirre, a quien acusó de «desentenderse por completo» del accidente: «El primer afectado son los ciudadanos y el segundo es Renfe, que ha sido el único que ha prestado el servicio a los afectados. Le preguntaría a la presidenta de la Comunidad de Madrid cuántos autobuses ha dispuesto para desplazar a los afectados por un accidente fortuito, pero de su responsabilidad», dijo Alvarez.

La titular de Fomento recordó que la responsable del accidente es de la Comunidad de Madrid, y aseguró que el Gobierno regional deberá hacerse cargo de los costes de reparación e indemnización a los 17.000 viajeros afectados.

Por su parte, el diputado socialista José Quintana adelantó que presentará una iniciativa parlamentaria en el Parlamento regional para que el Gobierno de Esperanza Aguirre «explique los pormenores del accidente sobre las vías del AVE, cuya responsabilidad es de la Comunidad de Madrid, como adjudicataria de la obra».

Desde el otro bando, el portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, dijo que Magdalena Alvarez y Rafael Simancas se habían aprovechado de este incidente para «confundir a la opinión pública e intentar sacar ventajas políticas». Además aseguró que la Comunidad de Madrid va a exigir a Corsán-Corviam la responsabilidad que le corresponda asumir «en su grado máximo» y que pague los gastos e indemnizaciones que procedan.

Fuentes de la empresa adjudicataria de la obra dijeron que aún es pronto para hablar de responsabilidades, puesto que todavía no se han determinado las causas de accidente y la grúa que volcó no era suya, sino de la empresa Alfa.