La protesta comenzó el 16 de febrero, aunque trascendió ayer a iniciativa de los portavoces de Askatasuna, sobrenombre del colectivo de apoyo a los militantes de ETA. Las mismas fuentes también han justificado la conducta rebelde de Jesús Mari Zabala porque la extradición a Madrid «negaría su derecho a vivir libremente en Euskal Herria».

La versión victimista tendría mayor credibilidad si no fuera porque Jesús Mari Zabala, de 47 años y apodado Smeril, representa a una de las principales personalidades en el aparato logístico de ETA. Fue arrestado en Bayona (sur de Francia) en 2000, procesado dos años más tarde en París y condenado a nueve años de cárcel en la sede del Tribunal Correccional.

Los magistrados consideraron probado que el acusado en cuestión había incurrido en un delito de asociación de malhechores con fines terroristas, aunque Zabala aprovechó la última vista para decir que «la lucha armada estaría en vigor hasta que se encuentre una solución política».

Ahora tiene pendiente resolver su generoso expediente judicial en territorio español. Tanto por su precocidad en el aparato político-militar de la banda como por su posición pujante en la actividad terrorista desde 1982.

Dos años más tarde se refugió en suelo francés, aunque las autoridades locales le urgieron a abandonar el país en 1985. Desde entonces consiguió mimetizarse en la clandestinidad, fue condenado en rebeldía a tres años de cárcel y terminó en las redes de una operación policial, en septiembre de 2000, que sirvió para descomponer el aparato logístico de ETA.

De hecho, el arresto de Jesús Mari Zabala se produjo junto al de José Luis Turrillas, Peputo; Angel Picabea Uralde, Atxuri, e Ignacio Santesteban Goikoetxea, todos ellos sorprendidos in fraganti con armas de fuego, explosivos, detonadores, matrículas y documentación falsa.

La extradición de Jesús Mari Zabala a España se produciría normalmente el 8 de marzo. Sin embargo, el terrorista pretende deteriorar su salud con una huelga de hambre para evitar el traslado y hacer verosímil el comunicado infantil que ayer divulgó desde Bilbao el colectivo Askatasuna: «El preso se encuentra en peligro de ser entregado a España».

En España, mientras tanto, tres internos de la cárcel de Perogordo (Segovia) iniciaron el pasado 16 de febrero una huelga de hambre en protesta por el fallo del Tribunal Supremo que rebaja de 12 a tres años la condena a De Juana Chaos. Dos de los tres internos pertenecen a la organización de ultraderecha Alianza Nacional y el tercero carece de vinculaciones políticas. Dos de ellos cumplen una condena de tres años por tenencia ilícita de armas.

En un comunicado remitido a Efe por Alianza Nacional, se asegura que la huelga de hambre tiene como objeto «denunciar ante la ciudadanía española la interpretación y la aplicación que de la ley hacen los tribunales, la Fiscalía y los partidos políticos a favor de los presos etarras».