En las últimas semanas al Ejecutivo, por distintos motivos, se le empiezan a acumular los problemas para sacar adelante las normas que impulsa.

La Ley de Bases de Régimen Local fue la primera norma que el Ejecutivo se vio obligado a guardar en el cajón recientemente por falta de respaldo parlamentario. Esa ley estaba justo en la misma situación que la del alcohol: había pasado el trámite del primer informe en el Consejo de Ministros y no llegó a pasar por segunda vez para ser remitido a las Cortes.

Ningún partido respaldó la tramitación de la norma que impulsaba el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Ahora el PSOE intenta introducir en la Ley del Suelo los artículos contra la corrupción que incluía ese proyecto.

En la ley del alcohol, además, había un evidente rechazo social e interno en el propio Gobierno y el PSOE. A pesar de que el PSOE tiene una escasa mayoría parlamentaria, esta situación no se había producido nunca en la primera mitad de la legislatura. Ahora, la relación menos estrecha con los socios parlamentarios por distintos motivos hace que el Gobierno tenga problemas para sacar adelante leyes tan significativas como las de reforma de la Justicia y la simbólica de la Memoria Histórica.

En esta última, María Teresa Fernández de la Vega mantiene contactos con los grupos que podrían apoyar la ley, pero sigue sin haber acuerdo. De hecho, todos los partidos, salvo el PP, se plantaron el miércoles para exigir al Gobierno que desbloquee la norma, tras 17 demoras de los plazos de presentación de enmiendas. Diego López Garrido (PSOE) se comprometió ayer con Gaspar Llamazares (IU) en que no habrá más ampliaciones del plazo de enmiendas.

En una situación muy parecida se encuentran las dos normas sobre la Justicia y que servían para extender la doble instancia, crear los consejos autonómicos y convertir los tribunales superiores en la máxima instancia, en perjuicio del Tribunal Supremo.

Estas normas están ya en la Comisión de Justicia, han sufrido también reiteradas ampliaciones de los plazos de enmiendas y aún no tienen garantizado suficiente respaldo parlamentario. Tanto que algunas fuentes del Gobierno barajan la posibilidad de que alguna no pueda ser aprobada.

El problema es que, por un lado, no hay acuerdo con el PP y, por otro, el Grupo Socialista encuentra dificultades para pactar con los partidos nacionalistas un texto que se ajuste al de los nuevos estatutos.

Los portavoces de Justicia del PSOE y del PP, Pedro Muñoz y Julio Padilla, respectivamente, habían conseguido ya avances en la del Poder Judicial, pero por su bajo perfil político las conversaciones han quedado frenadas por la llegada de Mariano Fernández Bermejo. El Gobierno asegura que el ministro, en su comparecencia de la próxima semana para explicar sus planes, intentará ofrecer un impulso a ese diálogo. Pero el clima augura dificultades.

En esa oferta se incluirá también la de renovación del Consejo General del Poder Judicial, puesto que hasta ahora ni siquiera se han puesto nombres sobre la mesa.

La otra ley con dificultades es la del Tribunal Constitucional. En principio, el Gobierno quiere consenso con el PP y, de hecho, Zapatero y Rajoy acordaron que delegaciones de ambos partidos buscaran un acuerdo. Por el momento, no ha habido más que algunos contactos preliminares entre López Garrido e Ignacio Astarloa.

El PSOE rechaza el restablecimiento del recurso previo para estatutos y el PP, la participación de los parlamentos autonómicos en la designación de magistrados. El meollo es la difícil discusión técnica para establecer filtros a los recursos de amparo.

La ley récord en prórrogas de enmiendas es la de financiación de partidos. Anteayer el socialista Francisco Fernández Marugán mantuvo un nuevo contacto con el popular Vicente Martínez Pujalte, pero también está lejos el acuerdo.