La acusación reiterada al Partido Popular por todo lo que pasa es ya, por cierto, tomada a chunga por cada vez más gente. Abusar de una imputación grosera conduce al ridículo. ¿Hay abstención? El responsable es el PP. ¿Los ciudadanos sacan la bandera a la calle? El PP se aprovecha de símbolos nacionales. ¿Se cae una grúa que corta la vía del AVE? El PP, culpable. Esto último lo ha dicho la ministra Magdalena Alvarez, que demuestra su incapacidad para reconocer un error y que ha levantado con ello carcajadas al norte y al sur de Despeñaperros. El burlesco piove?, porco governo que dicen los italianos, transmutado a veces en piove?, governo ladro, tiene una traducción celtíbera en llueve por culpa del PP. Repetido hasta el aburrimiento, descubre, entre otras cosas, una pereza obstinada para analizar las causas de lo que pasa.

La abultada abstención en Andalucía, junto con la también exagerada del referéndum sobre el Estatuto de Cataluña, que fue del 50,5%, no es asunto trivial, sino muy preocupante, aunque los políticos no quieran enterarse. Significa, de entrada, que los textos sometidos a referendo fueron aprobados por una ínfima minoría de ciudadanos: el de Cataluña por aproximadamente el 36,5%, y el de Andalucía, por el 31,7%. O sea, más o menos por sólo uno de cada tres ciudadanos con derecho a voto.

No quiere decir esto que ambos textos no sean normas con los requisitos exigidos para ser de obligado cumplimiento. Pero sí quiere decir que, si en España la Ley Orgánica del Referéndum requiriera un mínimo de participación para que el refrendo fuera efectivo, como ocurre en otros países, los dos estatutos tendrían que esperar a mejores tiempos.

El sentido de la abstención no pone de acuerdo a los teóricos de la Ciencia Política, ni los políticos se entusiasman con la idea de darle un peso decisorio. En nuestro caso, como se ve, los políticos evitan hablar de ella como los hipocondríacos eluden indagar en las enfermedades. Pero la abstención es un mensaje. Una parte de ella refleja la existencia de un sector de la sociedad que se desentiende de la cosa pública; otra parte corresponde al grupo de personas que sufre dificultades insalvables para ir a votar; una tercera está formada por quienes rechazan las propuestas o a los mismos proponentes.

En este último caso, la abstención equivale a un no. A nadie se le oculta que identificar con exactitud a este grupo social es muy difícil. Pero existe un procedimiento para reflejar en el resultado la voz de esos disidentes o esos disconformes: exigir un mínimo de participación para que una consulta popular cause consecuencias, de tal modo que la abstención, cuando sea mayoritaria, tenga por sí un valor decisorio. Modificar en tal sentido la Ley del Referéndum, y aplicar fórmulas correctoras en otras consultas, mejoraría nuestro sistema. Complicaría la vida a los gobernantes, pero por fortuna el sistema es más importante que ellos.