MADRID.-
El Gobierno de Castilla-La Mancha estudia la posibilidad de presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el Estatuto de Autonomía de Andalucía, lo mismo que va a hacer la Junta de Extremadura, porque prevé determinadas competencias sobre el río Guadalquivir sin tener en cuenta que también pasa por tierras castellano-manchegas.
El presidente de esta Comunidad, José María Barreda, declaró ayer a Onda Cero que el anuncio de recurrir que ha realizado el extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra «tiene sentido». «Nosotros estamos estudiando también muy seriamente la situación planteada», añadió.
Barreda explicó que a su Comunidad le afectan las previsiones del Estatuto andaluz, porque un 7,13% de la cuenca del Guadalquivir transcurre por Castilla-La Mancha.
En su opinión, las comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas en agricultura, medio ambiente, urbanismo y vivienda y ordenación del territorio deben de formar parte de los órganos de gestión y planificación del agua.
Respecto al trasvase Tajo-Segura, Barreda declaró: «Castilla-La Mancha forma parte de la España seca; por ello, tenemos un problema estructural de falta de agua».
Su Comunidad «necesita también las aguas superficiales del Tajo, porque pronto vamos a ser dos millones de castellano-manchegos». «Cuando se dice agua para todos, yo estoy de acuerdo, pero inmediatamente añado: también para Castilla-La Mancha. Nosotros necesitamos el agua. Tenemos un déficit estructural de agua», dijo.
Según Barreda, «no hay ningún razonamiento intelectual que justifique la derogación del trasvase del Ebro previsto desde la desembocadura y, sin embargo, un trasvase que se hace desde la cabecera, como es el caso del Tajo, me parece una incongruencia enorme».
Respecto a la ley del alcohol dijo que él nunca ha empleado «argumentos electorales» cuando ha hablado de este asunto con José Luis Rodríguez Zapatero o con otros miembros del Gobierno.
Tras recordar la importancia que tiene el vino en su región, donde hay más de 600.000 hectáreas de viñedo, opinó que es más eficaz incidir en la educación y la formación de jóvenes y adolescentes que aplicar «leyes secas».
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