El policía municipal de guardia en el Ayuntamiento de Alcalá cuando ocurrió el homicidio de un vigilante de la pista de hielo de la plaza de Cervantes declarará hoy como imputado por el presunto delito de «denegación de auxilio y omisión del deber de perseguir determinados delitos».
Así lo anunciaron ayer en un comunicado los abogados de la viuda del fallecido y agregaron que el agente de Policía Local declarará en el juzgado de Instrucción número 9 de Alcalá de Henares.
La imputación al agente se ha producido a petición de Bianca Narcea, viuda del joven rumano fallecido, y del ministerio fiscal, dentro del procedimiento que se tramita por el homicidio en el citado juzgado.
El joven rumano, Ion Grancea, que carecía de permiso y de contrato de trabajo, falleció en torno a las 7.00 horas del día 1 de enero, tras recibir dos puñaladas efectuadas, presuntamente, por Francisco Javier Arteaga, ahora en prisión. Los hechos se produjeron después de una discusión porque el vigilante se negó a dar a Arteaga y a sus acompañantes los patines para patinar, porque la pista de hielo, contratada por el Ayuntamiento, estaba cerrada.
Los abogados informaron también de que, según han declarado «varios testigos presenciales, la esposa del fallecido y algunos de los propios jóvenes que supuestamente participaron en la agresión, incluido el supuesto homicida», en el momento del homicidio «había un policía local en la puerta del Ayuntamiento que presenció la agresión».
Los abogados agregan que «todos han declarado que el policía local presenció la agresión y, a pesar de los gritos de socorro de la viuda y de la víctima pidiendo ayuda al policía, éste no se acercó ni hizo nada por detener a los agresores o defender al agredido, a pesar de estar viéndolo y producirse los hechos en una instalación municipal».
La viuda, que se encontraba con su marido cuando fue apuñalado, declaró que «el policía estaba en la puerta del Ayuntamiento y no hizo nada». «Yo grité con mucha fuerza 'policía ven, policía ven', pero el policía no vino», añadió.
El gobierno local, que de forma inmediata, abrió una investigación interna para delimitar si el policía local había tenido alguna responsabilidad, llegó a la conclusión de que su actuación había sido «impecable» y «conforme al reglamento».
El portavoz del Gobierno municipal, Gustavo Severien, defendió entonces la actuación del policía «porque avisó a sus compañeros por teléfono y asistió a la persona que en ese momento estaba herida». A este respecto, los abogados de la viuda dicen en su nota que, «según se ha declarado en el proceso judicial», el agente «entró en el Ayuntamiento y llamó por teléfono, ya que carecía de transmisor de radio, a sus compañeros de la Policía Local», informa Efe.
No obstante, los abogados aseguran que «al lugar del crimen» llegó, «en primer lugar, el Cuerpo Nacional de Policía, a pesar de que el cuartel de la Policía Local queda más cerca y tiene mejor acceso, que no pudo hacer nada por salvar la vida de Ion Grancea».
