Viernes, 23 de febrero de 2007. Año: XVIII. Numero: 6277.
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El agua del Guadalquivir no es de Chaves, es de todos

José María Barreda, presidente de Castilla La Mancha, sugirió ayer que su comunidad recurrirá el artículo 51 del Estatuto andaluz, horas después de que Juan Carlos Rodríguez Ibarra anunciara que Extremadura va a impugnar ese mismo precepto ante el Constitucional. El artículo 51 del Estatuto establece que Andalucía tendrá competencia exclusiva en la gestión del agua del Guadalquivir, que pasa también por Extremadura y Castilla La Mancha. Chaves se enojó visiblemente al recibir la noticia y recordó que el Estatuto ha sido apoyado por los dos grandes partidos y que ha obtenido un altísimo porcentaje de respaldo de los -escasísimos- andaluces que han ido a votar. El presidente andaluz olvida que la constitucionalidad de una ley no la determina su nivel de aceptación popular sino su adecuación a la Carta Magna. Y en este caso pocas dudas pueden caber de que el Estatuto vulnera el artículo 149 de la Constitución, que señala que la regulación de las cuencas hidráulicas que abarcan más de una comunidad es una competencia exclusiva del Estado. Está muy claro, desde el punto de vista constitucional, que Andalucía no puede decidir sobre las aguas de un río que pasa por otras dos comunidades, pero también es igual de evidente que Castilla La Mancha ha cometido el mismo error al poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura en su nuevo Estatuto. Barreda ha incurrido en la conducta que reprueba a Chaves. Tampoco se puede salvar de las críticas el PP andaluz, que ha respaldado las insolidarias pretensiones de Chaves. Si llegáramos al extremo de que cada una de las 17 comunidades se arrogara competencias exclusivas sobre el agua, el lío sería digno de una película de los hermanos Marx y las más perjudicadas serían evidentemente las regiones de la España seca, que necesitan de la solidaridad de sus vecinos para cubrir sus necesidades.

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