El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, pidió que la decisión sobre la gestión de la terminal se tome con «neutralidad, sin apriorismos» y destacó que en ella se oirá «la voz» de la ciudad. El Gobierno municipal recalcó su «potestad para participar en la gestión» del aeropuerto y su intención de ejercerla.

La tercera teniente de alcalde, Imma Mayol, exigió «abandonar la dependencia de Aena» y el convergente Xavier Trias advirtió que sería «un escándalo» que se decidiera en Madrid el futuro de El Prat «en función de los intereses de Barajas y de una compañía aérea en particular».

En la misma línea, el popular Alberto Fernández-Díaz, denunció «el uso privativo» de la nueva terminal de Barajas -que fue adjudicada a Iberia cuando el PSOE llegó al poder- y reclamó un consorcio entre Generalitat, Ayuntamiento y Estado.

Por su parte, el presidente de ERC, Jordi Portabella, señaló que el aeropuerto «no necesita especializarse» en vuelos low-cost sino que «necesita toda la gama». El objetivo es hacer de El Prat un «aeropuerto puntero del sur de Europa con conexiones con los mercados prioritarios» de Asia, Oriente Medio, Europa del Este, Estados Unidos o America Latina, según la declaración institucional.

El alcalde destacó el consenso entre todas las formaciones políticas y afirmó que la «fuerza» del consistorio radica en su «unidad».Pero la unanimidad no se mantuvo en otros temas.

El Gobierno municipal aprobó el plan de rehabilitación de la Barceloneta con la abstención de la oposición, que pidió una moratoria, a pesar de que se había mostrado favorable al plan desde el principio. Fernández Díaz explicó que el proyecto de reforma «empezó con ilusión» pero criticó que haya «acabado en decepción». El concejal de Ciutat Vella, Carles Martí, dijo «no entender» el cambio de posición de CiU y PP y les acusó de «no tener propuesta de Gobierno». «Difícilmente se puede confiar en ustedes para gobernar», añadió a tres meses de las elecciones municipales.

La actuación urbanística en la Barceloneta prevé la rehabilitación de viviendas privadas, la instalación de ascensores en los edificios más viejos y la «dignificación» del barrio, señaló Martí. Mientras se aprobaba el plan, una cincuentena de vecinos se manifestaba frente al consistorio para mostrar su disconformidad con una reforma que, a su juicio, implicará la salida de muchas familias del barrio, por lo que ya habían solicitado una moratoria. El concejal de Ciutat Vella insistió en que el plan no comportará expropiaciones y que se aplicará «sin imposiciones» pero también con firmeza para poder tirarlo adelante.