El buque insignia legislativo de Carmen Calvo pendía en la tarde de ayer de un hilo después de que se aceleraran los acontecimientos.

Cabe la posibilidad de que el plazo de alegaciones al borrador de la norma, que enfrenta a los productores y las televisiones, sea ampliado: si eso sucede, y la vicepresidenta Fernández de la Vega estuvo a punto de anunciarlo al llamar ayer a Cultura a buscar «consenso», la ley podría morir: no habría suficientes sesiones en las Cortes esta legislatura para aprobarla.

El PP solicitó en la mañana de ayer la «suspensión» del trámite de la Ley, y aseguró por boca de su portavoz parlamentaria de Cultura, Beatriz Rodríguez Salmones, que «es insólito que el plazo de alegaciones de una norma sea de sólo una semana. Habitualmente es mucho mayor, e incluso se puede ampliar a petición de los sectores implicados».

Ello pone sobre la mesa uno de los peores enemigos de esta Ley del Cine: el reloj. Desde Cultura se apunta a que el PP utiliza el proceso para desgastar al Gobierno ante la proximidad de las autonómicas y municipales. En realidad, una fecha anterior es la clave: en torno al 15 de abril. Si un anteproyecto no ha sido enviado a las Cortes antes de esa fecha, en el Gobierno saben que no deben molestarse: no daría tiempo a aprobar la ley antes de la convocatoria de las próximas generales.

Por eso, un retraso en contentar mínimamente a todos los sectores implicados -y las TV privadas han roto relaciones con Cultura- podría ser mortal para la Ley. A ello apuntó Fernández de la Vega tras el Consejo de Ministros: «En lo que respecta a la Ley de Cine estamos en darnos tiempo para lograr un punto de acuerdo entre los distintos sectores», señaló la vicepresidenta, recogiendo el guante (seguro que no por gusto) que le lanzaba horas antes Rodríguez Salmones: «Queremos que el texto pase a manos de la Vicepresidencia Primera por la irresponsabilidad, torpeza y agresividad con que ha sido gestionado por Cultura. Se trataba de ensamblar varios ejes, y resulta que a uno de ellos [las TV] se les golpea con otro [los productores]». Recordemos que el borrador sube del 5% al 6% la cuota a aportar al cine español por las cadenas, y que además las obliga a asociarse con «productores independientes» en un 30% de cada proyecto.

«Si hay algo que caracteriza a este Gobierno es la búsqueda del consenso y el diálogo, y si no estimamos que hay suficiente nivel de acuerdo nos damos más tiempo para lograrlo», dijo después la Vicepresidenta, que según varias fuentes se posiciona dentro del Ejecutivo contra la pretensión de Carmen Calvo de que las TV paguen la factura de la Ley.

Fernández de la Vega señaló no obstante respecto a la futura norma que habrá que conciliar a los grupos políticos, los operadores de TV, «que recordemos son concesionarios de un espacio que es de todos, el radioeléctrico», y los intereses del cine español.

Pero la existencia de muy distintas opiniones en el seno del Gobierno parecía ayer tomar forma con la reunión por la tarde, destapada ayer por un diario madrileño, de representantes de cuatro Ministerios en Moncloa para acercar posturas. El disenso entre Cultura e Industria a cuenta de la subida de cuota a las TV parece claro. También entre el Ministerio de Carmen Calvo y Economía a cuenta de las exenciones fiscales a las inversiones en cine a las que los productores no renuncian.

Si ni las distintas patas del Estado se pusieran de acuerdo, podría ser el principio del fin para la embrionaria Ley del Cine, de no ser que se achaten los extremos más polémicos a contrarreloj.La Ley del Libro, absolutamente consencuada, llegó a las Cortes en abril de 2006 y aún no ha pasado a enmiendas. Si no se dan prisa, la del Cine podría quedarse sin estreno.

El PP se lanzó ayer a degüello a por Carmen Calvo en el Congreso de los Diputados. Beatriz Rodríguez Salmones, látigo habitual de Calvo en las sesiones de control, acusó a la ministra de «falta de diálogo», censuró las «desavenencias» entre los distintos Ministerios, denunció que Cultura ha convertido el proyecto de Ley del Cine en «arma arrojadiza» contra las TV, se quejó de las «prisas y trompicones» de todo el proceso guiado por el Gobierno, y pidió que comparezcan en sede parlamentaria desde Calvo al director general del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovuales, Fernando Lara, a quien las TV acusan de ser el 'caballo de Troya' de los productores dentro del Ministerio. Salmones rechazó hacer uso electoralista de la polémica -«esto mismo lo podríamos haber dicho en diciembre, pero hemos esperado a que se fraguara un consenso que no ha llegado»- y zanjó: «Calvo ha entrado como un elefante en una cacharrería y ha hecho de un texto de colaboración, uno de confrontación». Y negó estar azuzando el tema con fines electoralistas: «Mira, en breve voy a comer con Elías Querejeta y con el portavoz del PSOE. Estamos abiertos a hablar», dijo.