Jaime Lissavetzky sostiene que esta nueva ley busca, sobre todo, proteger al deportista. «Ningún deportista irá a la cárcel por doparse. Ellos ya tienen bastante castigo con las sanciones propias de cada deporte. Esta ley va contra el entorno, contra aquellos que se lucran con el dopaje», ha señalado recientemente la cabeza visible del CSD.

Con la nueva normativa se realizarán controles antidopaje por sorpresa, aunque fuera de las horas de descanso nocturno, y se podrán inspeccionar los botiquines médicos. Un punto destacado es que se reducen los plazos para resolver los expedientes sancionadores, de forma que las federaciones tendrán que hacerlo en un plazo de dos meses. La revisión de las penas se hará mediante arbitraje ante una sección específica del Comité Español de Disciplina Deportiva en un plazo de un mes y las resoluciones de este organismo agotan la vía administrativa.

El mismo día que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega confirmó la entrada en vigor de la ley Lissavetzky, la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, presentó en el Consejo de Ministros un informe sobre el desarrollo normativo de esta ley, que se realizará con un Real Decreto que regulará la «estructura, composición, funciones y régimen de funcionamiento» de la comisión de Seguimiento y Control de Salud en el Dopaje.

Esa comisión será la encargada de expedir la tarjeta de salud del deportista; determinará los análisis a realizar y las competiciones en las que deberán hacerse. También concretará, entre otros, los requisitos para la suspensión de la licencia federativa.

Asimismo, se presentó un documento por el que se incrementa el número de deportistas considerados de alto nivel. Así, se pasará de los 2.817 actuales hasta algo más de 3.000. El Gobierno facilitará la formación académica e inserción laboral de los atletas y regulará la calidad y los servicios que ofrecen los gimnasios.