Zarrías calificó el cierre de Delphi Puerto Real como «absolutamente ilegal» y añadió que recurrirá a «todos los procedimientos que la ley le permita para que la multinacional de componentes de automoción «no se ría de Andalucía ni del dinero público andaluz» y para que sobre todo «no sean los trabajadores los que paguen el pato de una mala gestión y administración de la empresa».Y añadió que el Ejecutivo andaluz «va a obligar» mediante todos los medios a su alcance a que «cumpla con sus obligaciones y con la Ley vigente en nuestro país, por muy internacional que sea y por muy norteamericana que sea». Zarrías, la persona de máxima confianza del presidente Chaves, ha asumido el control político de la crisis, tras las críticas sobrevenidas al consejero de Empleo, Antonio Fernández, quien hace una semana tachaba de alarmistas a quienes daban crédito a la anunciada reducción de plantilla en Delphi.

El ministro de Industria, Joan Clos, afirmó ayer en Pamplona que la situación es «preocupante» y manifestó que desde el Ministerio se mantienen contactos con la empresa, a la que se le ha pedido «que se persone y explique cuál es la situación».

Ayudas públicas

La factoría de Delphi en Puerto Real, creada en 1981, dedicada a la fabricación de componentes del automóvil, ha recibido a lo largo de estos años más de 60 millones de euros en ayudas públicas, según los datos que obran en poder tanto del Ministerio de Industria como de la Junta de Andalucía, ayudas que ya no es posible recuperar según fuentes ministeriales. Las subvenciones fueron concedidas a cargo de diversos instrumentos y mecanismos de apoyo estatales y autonómicos como el Gran Area de Expansión Industrial, las Zonas de Acción Especial (ZAE), Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR) e Incentivos Económicos y Regionales.En estos momentos estaban tramitándose ayudas por importe de casi 14 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía, congeladas desde el anuncio del cierre de la factoría.

A esta cifra hay que añadir el valor del suelo donde se levanta la factoría gaditana, más de 275.000 metros cuadrados, adquiridos en 2003 a SEPES y contabilizados por el valor de adquisición a cinco euros por metro cuadrado, precio muy inferior a los de mercado. El alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, elegido portavoz de la comisión de los 13 municipios gaditanos afectados por el cierre, pidió ayer «consenso y unidad de acción a todas las fuerzas políticas» y reclamó que no haya críticas entre partidos, porque «las ayudas concedidas a Delphi desde 1981 son de distinto signo» ya que se aprobaron bajo los gobiernos de Leopoldo Calvo Sotelo (UCD), Felipe González (PSOE) y José María Aznar (PP).

Fuentes de la compañía informaron ayer a los sindicatos que la crisis no afectará a medio plazo a las dos plantas que tiene en Zaragoza, informa Javier Ortega. Sin embargo, CCOO de Navarra mostró ayer su inquietud por el futuro de la planta de Pamplona que podría ser vendida próximamente.

El comité de empresa ha acordado «ocupar» la planta tras el anuncio del cierre. Este fin de semana no habrá actividad, pero sí un retén de empleados Ayer, las muestras de cariño hacia la plantilla se evidenciaron desde primeras horas de la mañana cuando un grupo de unas doscientas personas, la mayoría esposas de trabajadores, se concentraron frente a la puerta principal. Las mujeres marcharon a pie desde el Paseo Marítimo y a la protesta se sumaron trabajadores de la planta de Airbus, preocupados igualmente por el posible cese de actividad.

Desde las 5.45 horas de hoy, todas las familias de los trabajadores de Delphi iniciarán una acampada en los alrededores de las instalaciones para, en palabras del presidente del comité de empresa, Antonio Pina, «pasar un día de campo y protesta, pacífico». El objetivo de esta movilización es crear un «cinturón» en torno a la planta y evidenciar que «dentro y fuera el rechazo a este cierre salvaje y sin aviso es total».