El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de las acusaciones particulares contra la absolución que dictó la Audiencia de Barcelona respecto a la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat por los crímenes cometidos por los presos fugados en 2001, y ha fijado una indemnización total de 2,7 millones de euros.

Según el Alto Tribunal, la negligencia de la Generalitat se constata de «los evidentes y palmarios descuidos en poner en marcha las previsiones reglamentarias para detectar, sin grandes esfuerzos ni conculcaciones de derechos fundamentales», el plan de fuga que orquestaron Brito y Picatoste, y que enlaza con otra «cadena sucesiva de negligencias» que se produjeron durante el traslado de uno de los presos a un hospital, de donde se escapó. La vigilancia fue insuficiente, la cárcel no estaba preparada para hacer radiografías y no se pusieron los medios oportunos para evitar que urdieran el plan de fuga.

El tribunal de la Audiencia de Barcelona ya admitió que, «dada la gravedad de lo ocurrido, se hizo necesaria la revisión de los protocolos de actuación» de los traslados de presos de la Generalitat, entonces gobernada por Convergència i Unió.