Las asociaciones y sindicatos menos confesionales ponen el grito en el cielo. «El Constitucional confunde a los profesores de Religión con sacerdotes o monjas. Los docentes no tienen voto de obediencia a los obispos y son mayoritariamente laicos. Esto es un paso más hacia el talibanismo absoluto católico», señala, indignado, Luis Guridi, vicepresidente de la Asociación Nacional de Profesores de Religión.

Para el sindicato Usit-EP, el problema más grave que plantea la sentencia es «la posibilidad de un acoso a la vida privada de los docentes», para «poder justificar una remoción por cuestiones de religión y moral».

En la misma tónica se pronuncia la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STES-I), para la que la sentencia supone «la consagración de unos privilegios de una confesión religiosa, que, en un Estado laico, no tienen razón de ser».

En cambio, la Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales, la mayoritaria en el sector y mucho más vinculada con la Iglesia, se congratula por la sentencia del TC. Entre otras cosas porque, como dice su vicepresidente, Rafael Martín, «les quita la razón y los argumentos a los que vienen defendiendo que los Acuerdos Iglesia-Estado son inconstitucionales».

Ayer, el TC explicó que es «competencia» del Tribunal Superior de Justicia de Canarias decidir sobre la reclamación de la profesora María del Carmen Galayo. El TC precisó que su sentencia sobre la regulación del profesorado de Religión no entra a valorar «en ningún caso» la contratación de esta docente, a quien las autoridades eclesiásticas no renovaron el contrato por mantener una relación con un hombre tras haberse separado.