Su tesis es que los populares llegan a utilizar la muerte de una soldado española en Afganistán para intentar desgastar al Gobierno y se manifiestan hoy contra una decisión del Tribunal Supremo, faltando «al respeto a las instituciones».

Sobre Afganistán, la vicepresidenta primera no quiso ni entrar en la polémica sobre la condecoración que debía haber recibido la soldado fallecida. Explicó que lo más importante es el recuerdo de la fallecida, el apoyo a la familia, el restablecimiento de los heridos y el orgullo por la misión que cumplía en Afganistán.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Fernández de la Vega no utilizó en ningún momento la palabra guerra. No lo hizo ni para negar que hay una guerra en Afganistán ni para admitirlo.

Lo que sí hizo fue decir que las tropas españolas están en Afganistán porque «lo pide la comunidad internacional, lo autorizó el Parlamento español y es una misión de paz, de reconstrucción del país y salvaguarda de la seguridad». No obstante, añadió que los militares españoles están «en una zona de riesgo y en situaciones de peligro», y que la obligación del Gobierno es «poner todos los medios para que trabajen con la mayor seguridad». Según dijo, la soldado Idoia Rodríguez «ha fallecido en defensa de la paz y la cooperación internacional solidaria, y todos nos sentimos orgullosos». Añadió que «el PP pretende desgastar al Gobierno con esto. Ellos sabrán lo que hacen, pero al Gobierno no le van a encontrar en ese camino».

El segundo punto en que criticó al PP fue en el apoyo y presencia de sus dirigentes en la manifestación de hoy en Madrid contra la sentencia del Tribunal Supremo que rebajó la condena al etarra José Ignacio de Juana Chaos. Fernández de la Vega defendió primero el derecho constitucional a manifestarse de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), convocante de la protesta. Pero arremetió contra los populares por apoyarla. Según dijo, «que el PP se manifieste contra decisiones, no ya de los jueces, sino del Tribunal Supremo, es una manifestación de la falta de respeto a las instituciones, al Poder Judicial, que ellos permanentemente reclaman».

La vicepresidenta primera añadió que «deberían ser más responsables a la hora de manifestarse contra una resolución judicial firme dictada por el Tribunal Supremo de España». No hizo ninguna referencia a la situación de De Juana y la posibilidad de que el Gobierno le aplique algún tipo de beneficio penitenciario. Como es sabido, el primer paso será la reclasificación por parte de la Junta de Tratamiento de la prisión a la que pertenece. Luego, el Gobierno decidirá si accede a concederle el régimen abierto o la libertad condicional. En todo caso, el Ejecutivo descarta imponer el cumplimiento íntegro y cumplirá estrictamente la propuesta de la Junta de Tratamiento.

La tercera actuación del PP por la que la vicepresidenta lo criticó ayer es la decisión de los populares de negarse a acudir a nuevas reuniones para preparar con el PSOE la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista. En su opinión, se demuestra así la falta de voluntad del PP para llegar a acuerdos con el Gobierno.

Frente a esta posición, aseguró que el Ejecutivo seguirá intentando el acuerdo, pero no explicó cómo lo hará. En teoría, el PP se opone a nuevas reuniones preparatorias y, por tanto, no es posible volver a convocarlas. La otra posibilidad, la de convocar directamente la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista, no es probable porque nunca se ha llegado a esas reuniones sin acuerdos ni preparación previa. De hecho, fue el propio PP el que pidió estas reuniones preparatorias. El presidente popular, Mariano Rajoy, no descarta pedir al Gobierno la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista en caso de que el PSOE no lo convoque, según informaron fuentes del PP a Efe.

Sin apoyo a Bermejo

La vicepresidenta también se refirió, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a su nuevo compañero, el titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, cuyas palabras, en las que aseguraba que la actual composición del Consejo General del Poder Judicial carecía de legitimidad, evitó respaldar expresa y públicamente.«No voy a entrar en polémicas», dijo.

En todo caso, Bermejo podrá el miércoles aclarar sus palabras o reiterarlas, porque el PP ha vuelto a centrar en el ministro de Justicia la sesión de control al Gobierno en el Congreso, con seis preguntas.

Primero, Acebes le pedirá que se pronuncie sobre si «los informes de la Guardia Civil no son pruebas serias». Seguirá Zaplana, quien le pedirá que explique si «lo legal no es legítimo». Luego, Michavila le preguntará qué medidas ha tomado para «evitar que ETA-Batasuna vuelva a ser financiada con los impuestos y tenga concejales en los Ayuntamientos democráticos». Del Burgo querrá saber si hace falta un «especial esfuerzo intelectual» para relacionar al PCTV con los partidos ilegalizados por el Supremo. Jorge Fernández le pedirá que explique qué quiso decir cuando afirmó «que una parte de la sociedad española vio con buenos ojos los crímenes de los GAL». Y Ana Torme quiere saber «qué concepción defiende cuando se refiere a 'mis jueces y mis fiscales'».